En el marco de causa que investiga los hechos de presunta violencia de género contra la cantante Lourdes Fernández, el juez Diego Javier Slupski aceptó el pedido formulado en un expediente por la encargada de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, Silvina Russi, y rechazó la excarcelación solicitada por Leandro García Gómez, el empresario y ex novio de la integrante de Bandana, quien se encuentra detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.
La decisión del magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, fue confirmada a la agencia Noticias Argentinas. La solicitud de excarcelación había sido presentada por los abogados de Gómez García.
Para la Fiscalía, en base la gravedad de los delitos imputados y los antecedentes penales del acusado, existen riegos de fuga del y entorpecimiento de la investigación.
Los fundamentos de la Fiscalía
“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez, y la actitud asumida por éste, constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, fundamentó Russi en el expediente.
Según el dictamen, el acusado enfrenta cargos que, en principio, podrían encuadrarse como “lesiones leves agravadas por haber sido ocasionadas a la persona con la que mantenía una relación de pareja y por haber mediado violencia de género, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con violencia y en perjuicio de una persona a quien debe respeto particular, en carácter de autor”.
En tanto, el documento del Ministerio Público Fiscal hace referencia a las pruebas reunidas hasta ahora en la investigación, incluyendo las declaraciones de testigos allegados a la víctima, quienes describieron un alto grado de violencia en la relación entre Fernández y García Gómez, la cual —según el dictamen— se habría mantenido a lo largo del tiempo. En este sentido, distinguieron actos de agresión y control ejercidos por el acusado contra «Lowrdez» (nombre artístico de la cantante), que culminaron en el último episodio de privación ilegítima de la libertad y aislamiento de su entorno social y de su centro de vida.
En este punto, Russi subrayó que “la circunstancia aleatoria de que los nombrados hayan retomado la relación en varias ocasiones y el hecho de que la propia damnificada, al ser interrogada, haya intentado justificar las conductas que padece, no hace más que dejar al descubierto la influencia que el imputado ejerce sobre ella, el estado de vulnerabilidad y la naturalización de la violencia en la que se encuentra inmersa”.
En adhesión a todo lo anterior, el dictamen incluyó un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la entrevista que realizaron los profesionales del organismo a la víctima, en cuyas conclusiones se advierte la presencia de “indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”.
Además describieron la situación de Fernández como un caso de “entrampamiento vincular» atravesado por «una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. En este punto, evaluaron el riesgo como alto.
De acuerdo con el expediente, el Estado tiene la obligación de velar especialmente por la seguridad de la víctima, conforme a lo establecido en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos en Argentina, sancionada en 2017. Además, Russi se respaldó en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
Para reforzar su postura, la representante de la Fiscalía citó también el artículo 222 del Código Procesal Penal Federal, al referirse a los “serios indicios que corroboran el peligro de entorpecimiento de la investigación”. En este sentido, resaltó que el acusado habría tenido una “actitud elusiva y obstructiva del accionar de la justicia”, al ocultar y negar la presencia de la víctima cuando el personal policial se presentó en su domicilio.
Por último, el dictamen consideró “negativamente la actitud asumida por el acusado en los últimos años, quien ha sido condenado por la comisión de hechos de similares características a los aquí investigados”.
En su conclusión, la fiscal Silvana Russi sostuvo que “corresponde mantener el encarcelamiento preventivo del imputado, en tanto las otras medidas alternativas de menor gravedad lucen en este momento insuficientes para evitar los peligros reseñados; motivo por el cual considero que no se debe hacer lugar al pedido de excarcelación impetrado”.
Qué pasó con Lourdes Fernández
La exintegrante del grupo pop surgido en 2001 por el reality show Pop Stars era buscada desde principios de octubre por Mabel, su madre. Ante la falta de contacto con ella, el miércoles 23 de octubre radicó una denuncia en una comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro.
Durante el 24 de ocutbre, la artista fue buscada por la Policíam quien finalmente fue hallada en la casa de su expareja Leandro García Gómez. El hombre, de 46 años, había negado saber dónde estaba famosa y le había impedido a la policía ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Palermo sin una orden judicial.
Casi al final del mismo día, Lourdes fue encontrada en el departamento de su expareja, en estado de vulnerabilidad . Además del personal de la Justicia y agentes de la Policía de la Ciudad, también se hizo presente personal del SAME, quien dispusosu traslado al Hospital Fernández-
García Gómez fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo edificio, se había escondido y, según trascendió, estaba intentando escapar.
El empresario fue imputado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que se negó a responder preguntas durante su citación a indagatoria. El hombre brindó su versión, señalando que la cantante “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”. García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía de la calle Beazley al 3800.
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