En el marco de la investigación del crimen de Diego Fernández Lima, un joven que estuvo desaparecido desde fines de los ochenta y cuyos restos óseos aparecieron enterrados en el jardín de un chalet del barrio porteño de Coghlan después de 41 años, la Justicia llamó a prestar su declaración indagatoria a Norberto Cristian Graf, el principal sospechoso y único imputado en la causa por el delito de encubrimiento agravado. El hombre, de 58 años, fue compañero de escuela de la víctima y vivió toda su vida en la casa donde se encontraron los huesos.
En la previa a la audiencia, los abogados defensores de Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, presentaron un escrito para que el juez rechace la medida cautelar solicitada por la familia de Fernández Lima, que busca impedir cualquier remodelación en la casa para preservar pruebas clave.
Según los letrados, la familia de la víctima “solamente se interpone con fines económicos y no de saber la realidad de los hechos como supuestamente plantean”.
En tanto, la defensa garantizó a la agencia Noticias Argentinas que su representado se va a presentar y que va a responder «libremente» todo lo que le pregunté el fiscal como así también el juez”.
La indagatoria fue ordenada por el juez Alberto Litvack a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.
El fiscal insiste con que, tras el hallazgo de los restos óseos, el implicado “realizó maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”. Como ejemplo señaló que tuvo un comportamiento evasivo frente a testigos y autoridades, al tiempo que advirtió una actitud pasiva ante el descubrimiento de los huesos.
Asimismo, para el funcionario judicial, el hombre “comenzó a interesarse” en el caso cuando se confirmó la identidad de la víctima, quien en 1983 fue su compañero durante el segundo año de de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.
El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó que “la sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.
Cabe remarcar que la causa está prescripta pero que, sin embargo, el fiscal insiste en darle respuesta a los familiares del adolescente después de décadas de incertidumbre.
La familia de Diego tratará de impedir que Graf sea sobreseído, según adelantó el abogado Wortman Jofre a un medio nacional. «Es improcedente, es una causa que recién comienza. Evidentemente este hombre Graf no quiere ser investigado y quiere cerrar rápido toda averiguación sobre el asunto. Por algo será», concluyó.
Javier Fernández, el hermano menor de Diego, es querellante en la causa. Puede pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo de la causa. No obstante, no puede participar de las declaraciones indagatorias.
Por su parte, la madre de la víctima, Irma Lima, expresó este viernes en Radio Mitre: “Yo sé que (Graf) lo mató, pero quiero saber por qué”. Y resaltó: “Pido Justicia y que lo detengan ya, puede volver a hacer lo mismo”.
Meses atrás, en un documento presentado ante la Justicia, los abogados de Graf consideraron inconsistentes las acusaciones del fiscal por varios motivos. Según el escrito, de 27 páginas, a su representado se lo señala sin contar con pruebas directas o elementos que permitan afirmar que había una relación directa con la víctima y con el delito (el cual prescribió por la cantidad de años transcurridos).
Con prueba documental sobre la trayectoria educativa y laboral de Graf, incluyendo títulos y recibos de sueldo, intentaron desmentir los rumores de una amistad o vínculo por «afición» a las motos o autos con Diego Fernández Lima. Para reforzar la idea de que no eran amigos, el escrito también incorporó declaraciones testimoniales de ex compañeros de colegio y familiares de la víctima.
También negaron que Graf haya encubierto el delito y entorpecido el descubrimiento de los huesos, al remarcar que nunca hubo indicios de negación a que se realizaran obras en la medianera de su casa. Además, precisaron que fue el propio acusado el que se presentó ante la Fiscalía para declarar y colaborar con la investigación, pero no se le tomó declaración en ese momento.
Según los abogados, «la imputación contra Cristian Graf obedece a una solicitud de parte de la ciudadanía, que junto con la presión social y repercusión mediática que tomo la presente causa, solicita una búsqueda de castigo aun por fuera de lo que establece la ley de fondo«.
El caso
Los restos óseos de Diego “El Gaita” Fernández Lima, un adolescente de 16 años, aparecieron el 20 de mayo en el jardín de un chalet ubicado en la avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa lindera que había sido propiedad de la artista Marina Olmi —hermana del actor Boy Olmi—, y que había alquilado el músico Gustavo Cerati, entre 2002 y 2003.
La identificación de la víctima fue producto de una investigación —ahora perfilada como un caso de homicidio—, que sigue en curso a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, cuyo titular es el fiscal Martín López Perrando.
Los restos del estudiante secundario fueron hallados cuando se produjo un desplazamiento de tierra desde el jardín de la propiedad señalada a la obra lindera de Congreso 3748. Junto a ellos, se encontraron una moneda japonesa, un reloj con calculadora Casio —fabricado en Japón en 1982—, un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme colegial. Todos estos elementos ya habían dado una serie de pistas que permitían inferir que se trataba de alguien joven y a fijar en la década del ’80 la fecha en la que se habría producido el crimen.
Fernández Lima era buscado desde el 24 de julio de 1984 y la casa donde estaba enterrado es propiedad, desde la década del ’70, de una misma familia, entre cuyos miembros estaba Cristian Graf, que egresó de la Escuela Nacional de Educación Técnica 36 de Saavedra (ENET Nº36), y fue compañero de clase de Diego al momento de su desaparición. El hombre vive todavía en la casa donde se encontraron los huesos. Unos ex compañeros de clase de Fernández Lima aseguran que ellos dos eran «amigos» que tenían un gusto en común por las motos.
Desde el inicio de la investigación, el fiscal López Perrando le dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los especialistas determinaron que el adolescente recibió una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla derecha, y la cual podría haber sido la causa de muerte del joven. También que, tras el crimen, intentaron desmembrarlo con una herramienta similar a un serrucho, aunque no pudieron. Tras ello, lo enterraron en una improvisada fosa a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.
La difusión mediática que fue surgiendo del caso llamó la atención de un sobrino de la víctima que sospechó que el NN enterrado en Coghlan podía ser su tío desaparecido hace 41 años. Así, sus familiares se presentaron ante la fiscalía y se obtuvo una muestra genética de la madre de Diego —que hoy tiene 87 años— y que, al ser cotejada con sus restos, dio positivo y permitió su certera identificación.
De acuerdo a lo reconstruido por la fiscalía en función del testimonio de los familiares, aquel 24 de julio de 1984, Diego Fernández Lima volvió del colegio y almorzó con su madre. Luego le dijo que iba a encontrarse con un amigo y le pidió dinero para el colectivo. Un conocido cruzó a Diego en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza y lo saludo. Fue la última vez que alguien lo vio.
Alrededor de las 20.30, como el joven no volvía, sus padres fueron a la entonces comisaría 39 de la Policía Federal a reportar su desaparición, pero allí el caso quedó asentado como una presunta “fuga de hogar”.
Así, comenzó una búsqueda con panfletos pegados en el barrio, al tiempo que trataron de visibilizar su desaparición en los medios de comunicación. Su padre, dio una entrevista por el caso dos años después, en 1986, y murió sin saber el destino de su hijo. Por su parte, la madre del joven y sus hermanos, aún lo buscaban.
Si bien por el paso de los años, la acción penal está prescripta, desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 procuran avanzar con la investigación para reconstruir los hechos y cumplir con la tarea de poder brindarle a la familia de la víctima la verdad sobre lo sucedido.
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