Mariano Cúneo Libarona se prepara para los que parecen ser sus últimos días en el Ministerio de Justicia. La cartera podría fusionarse con la de Seguridad. En tal caso, suena como posible candidato Guillermo Montenegro, exjuez federal, intendente de General Pueyrredón y uno de los primeros integrantes del PRO que se pusieron el buzo violeta para retratarse junto a Javier Milei. En algunos círculos también hay quienes anotan a Manuel García-Mansilla en la pelea. El cortesano de facto del Presidente estuvo la semana pasada en la Fundación Faro, el think-tank ultraderechista que preside Agustín Laje.
La versión más insistente, por estas horas, es que Cúneo Libarona le habría dicho al Presidente que no iba a seguir. Hace tiempo que viene sacudido por escándalos –que, en buena parte, son atribuibles a la interna desaforada que se libra dentro del Gabinete de La Libertad Avanza (LLA)–. El ministro no respondió a la consulta de este diario, aunque Clarín informó que en su entorno confirmaban que se iría después de las elecciones del domingo. “Se lo ve cansado”, repiten quienes lo frecuentan.
Esa es la sensación con la que se quedaron los fiscales e integrantes de la Procuración General de la Nación (PGN) que compartieron con él un encuentro para discutir la aplicación del sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires. El cambio debería regir desde el 10 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py. Ya fue postergado y podría correr la misma suerte. “No se despidió, pero gestualmente parecía abatido”, lo describió un funcionario con el que habló.
Hay otros que cuentan que el ministro de Justicia ya saludó a algunos funcionarios de carrera del Ministerio de Justicia, donde terminó reduciéndose a una figura protocolar. El poder de la cartera quedó en manos de Sebastián Amerio, un hombre que responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.
En las últimas semanas, Cúneo Libarona volvió a ser eje de comentarios cuando se supo que se había candidateado para ingresar al selecto Jockey Club, lo que generó rechazo entre buena parte de los socios.
En julio, Cúneo Libarona acumuló pedidos de juicio político y denuncias penales después de que el canal C5N dio a conocer la grabación de una reunión que mantuvo con Timothy “Tim” Ballard en Estados Unidos. En el encuentro, Cúneo Libarona ofrecía un abanico de opciones para subsanar un “malentendido”. Entre ellas, la posibilidad de entregarle una ley a su medida y propiciar el contacto con jueces y periodistas.
Ballard se presenta como exagente de inteligencia y activista contra la trata. Integra redes de ultraderecha en las que también se mueve Milei. En febrero, se retrató junto al Presidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se hizo en Washington DC. A los pocos días, Ballard viajó a Buenos Aires porque quería ofrecerle tecnología al Gobierno.
Patricia Bullrich montó en cólera. La ministra impidió la reunión que Ballard quería tener con Milei y lo acusó de ser un “abusador” con más de 23 denuncias en su contra. A los pocos meses, Cúneo Libarona fue a su encuentro. No se sabe si lo hizo a título personal o como emisario de la Casa Rosada. Cuando se conocieron los fragmentos del video, Bullrich le enrostró no estar atento a lo que decían otros integrantes del Gabinete.
Cúneo Libarona viene resistiéndose a asistir al Congreso para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA. Si se va, no se llevará una foto grata de Comodoro Py: no logró implementar el sistema acusatorio ni cubrir una sola de las vacantes existentes.
Bullrich viene corriéndolo del foco de atención. Pese a que fue él quien trabajó en el proyecto de Código Penal ultrapunitivista, fue la ministra de Seguridad quien lo presentó junto a Javier Milei en la cárcel de Ezeiza. En ese momento, corrió la versión de que había malestar por parte del ministro de Justicia, que vio la escena desde el público.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llegó al cargo por ser amigo de Cúneo Libarona. El funcionario tampoco respondió a la consulta de este diario sobre su futuro en la gestión pública, aunque es posible que el destino de ambos esté atado.
La versión más insistente es que se podría fusionar el Ministerio de Justicia con el de Seguridad. En tal caso, Montenegro podría quedar al frente de una súpercartera. Montenegro es un exmorador de Comodoro Py, por lo que difícilmente insista con el sistema acusatorio frente a la resistencia de fiscales y jueces. Un magistrado federal que suele hablar con Montenegro dice que no le hicieron una oferta concreta, pero que posiblemente acepte si se trata de un ministerio unificado. “Se viene a trote desde Mar del Plata”, bromeó. Montenegro enfrenta duros cuestionamientos en General Pueyrredón por el trato violento que les da a las personas en situación de calle.
En caso de ser un súperministerio, la Secretaría de Justicia podría quedar en manos de Amerio, cuyo verdadero interés reside en convertirse en procurador general de la Nación, cargo vacante desde hace ocho años, que es ejercido interinamente por Eduardo Casal. Bullrich, por su parte, pretende que Seguridad quede en manos de Alejandra Monteoliva si ella gana la banca para el Senado. Monteoliva es su número dos en el ministerio. En Comodoro Py anotan para la contienda a Diego Kravetz, que funge como director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Si no se llegaran a unificar los ministerios, asoma con posibilidades de convertirse en ministro un tapado: García-Mansilla, que batió el récord de conseguir los dos tercios necesarios para la Corte Suprema, pero en su contra. Tras la votación apabullante, García-Mansilla debió abandonar el máximo tribunal, adonde había llegado por un decreto de Milei. En su última carta, el jurista culpó al Congreso por su desgracia.
En el Gobierno parecen no guardarle rencor a García-Mansilla por dos manchas de origen: su vínculo, vía el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y su jugarreta para impedir que Ariel Lijo, el otro designado por Milei, se sumara a la Corte.
El miércoles pasado, García-Mansilla fue invitado a exponer a la Fundación Faro junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, mano derecha de Santiago Caputo. El eje de la charla fueron las reformas estructurales que se vienen. Entre el público estaban, entre otros, Amerio y Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización.
En la conferencia, García-Mansilla contó que estaba coordinando un equipo de trabajo que analizaba quince proyectos de ley sobre distintas áreas del derecho. Mencionó, por ejemplo, que querían modificar el 80 por ciento del Código Civil y Comercial –que fue actualizado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una comisión encabezada por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco–. En eso estaría trabajando Andrés Sánchez Herrero, que viene también de la Universidad Austral, asociada históricamente al Opus Dei. García-Mansilla, por su lado, relató que él estaba elaborando una propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura. En todos los casos, el excomisionado de Milei en la Corte sostuvo que se trataba de limitar el poder de los jueces.
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