Demandan a Shell por un súper tifón en Filipinas

Cuando el tifón Rai —conocido localmente como Odette— arrasó Filipinas en diciembre de 2021, dejó tras de sí una devastación que aún hoy se siente. Con ráfagas de más de 250 kilómetros por hora, el fenómeno fue el más violento en azotar el archipiélago ese año: provocó más de 400 muertes, desplazó a más de tres millones de personas y destruyó un millón de viviendas. Las islas de Visayas y Mindanao fueron las más afectadas, con comunidades enteras sumergidas bajo el agua, cultivos arrasados y sistemas de salud colapsados en plena pandemia.

A cuatro años del desastre, un grupo de 67 sobrevivientes provenientes de distintas comunidades insulares decidió llevar su reclamo más allá de la reconstrucción local. Presentaron una demanda civil contra la petrolera Shell ante los tribunales del Reino Unido, en un intento sin precedentes por vincular de manera directa la actividad de una empresa de combustibles fósiles con los daños concretos de un evento climático extremo. Se trata de la primera demanda de este tipo en ese país, y una de las primeras en el mundo que busca compensación por pérdidas ya ocurridas, no solo por daños futuros.

El planteo judicial sostiene que la operación prolongada de Shell en la extracción y comercialización de petróleo y gas ha contribuido significativamente al calentamiento global y, por ende, a la intensificación de ciclones tropicales como Odette. Según la presentación, la compañía habría violado el derecho constitucional de los demandantes filipinos a un ambiente sano, al no reducir sus emisiones y al participar en campañas de desinformación que durante décadas buscaron restar credibilidad a la ciencia climática.

Documentos internos filtrados –citados en la causa y en investigaciones previas– indican que Shell conocía los impactos de los combustibles fósiles sobre el clima desde hace al menos seis décadas, pero optó por expandir su negocio. La empresa, en cambio, niega haber tenido un conocimiento “único” del problema y asegura que el cambio climático es un tema que ha estado en discusión pública y científica desde hace tiempo.

Los demandantes se apoyan en la llamada “ciencia de atribución”, un campo que permite establecer con base empírica cuánto contribuye el cambio climático inducido por el ser humano a fenómenos meteorológicos específicos. Un estudio del Imperial College de Londres, la Universidad de Sheffield y el Grantham Institute concluyó que el calentamiento global ha duplicado la probabilidad de tormentas tan destructivas como Odette.

El caso también retoma los hallazgos de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que en 2022 presentó la primera investigación mundial sobre la responsabilidad de las grandes petroleras y cementeras en las violaciones a los derechos humanos derivadas de la crisis climática. El informe identificó a 47 compañías –entre ellas Shell– como moral y legalmente responsables de los daños ambientales y sociales ocasionados.

La demanda filipina se inscribe en una tendencia en ascenso: los litigios climáticos como herramienta para exigir rendición de cuentas a las corporaciones más contaminantes. Según la London School of Economics, en 2024 se registraron once causas bajo el principio de “quien contamina paga”. En Alemania, un fallo contra la energética RWE abrió la puerta a responsabilizar judicialmente a las empresas por sus emisiones de carbono, aunque todavía ninguna ha debido pagar compensaciones directas a las víctimas.

Mientras los efectos del cambio climático se agravan, los tribunales emergen como un nuevo escenario de disputa. Para los sobrevivientes de Odette, la acción legal busca sentar un precedente que reconozca el vínculo entre las emisiones históricas de las grandes corporaciones del norte global y las catástrofes que golpean al sur. En la isla de Batasan, una de las más afectadas, las familias aún conviven con el agua que inunda sus casas incluso en días soleados. Las viviendas se levantan ahora sobre pilotes, en un paisaje que los propios habitantes describen como una “isla que se hunde”.

En ese contexto, el reclamo judicial no es solo un pedido de reparación económica, sino una forma de exigir justicia climática. Para las comunidades que enfrentan la erosión de su territorio, la pérdida de sus medios de vida y el riesgo permanente de nuevos desastres, el proceso contra Shell representa algo más que un litigio: una oportunidad para que los responsables del calentamiento global asuman las consecuencias de su modelo energético.