Dos días de subsidios sólo aptos para muy pocos

El gobierno consiguió, con la quita temporal a las retenciones al agro, en apenas 48 horas el efecto buscado de comprometer a los exportadores a liquidar 7000 millones de dólares como adelanto de futuras ventas. Pero, a la vez, pagó el costo de un sinnúmero de efectos no buscados: el repudio de las entidades del campo, el «reto» del gobierno de Estados Unidos tras los reproches de los farmers (agricultores norteamericanos) a la posición de Donald Trump, la reaparición en el plano local de la «brecha cambiaria» (rebotan en alza los dólasres financieros mientras siguen bajando los oficiales) y hasta una causa judicial contra las autoridades nacionales y empresas cerealeras por «administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público». 

Dicha causa fue ingresada por vía del sistema electrónico de la justicia, en forma anónima, dirigida a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La misma le imputa al presidente de la Nación, al Jefe del Gabinete de ministros, al ministro de Economía y al secretario de Agricultura, los cargos arriba señalados.

Apunta el texto de la denuncia sobre los citados que «su conducta encuadra en los tipos penales referidos al haber dictado normas que impusieron una alícuota 0% a las retenciones durante los días 23 y 24 de septiembre del corriente. Coordinadamente, las empresas trasnacionales exportadoras de granos, partícipes necesarias de la maniobra, concentraron en esas 48 horas declaraciones juradas por exportaciones que equivalen a la tercera parte de todo lo que exportan en un año».

Agrega que «El ardid conllevó un daño al fisco de entre 1000 y 1500 millones de dólares. La maniobra continúa en ejecución dada la no aplicación por parte de los mencionados de la ley Martínez Raymonda, que impide el articio de presentar de declaraciones juradas sobre operaciones aún no realizadas en los hechos».

La urgencia de Luis Caputo, ministro de Economía, por conseguir los dólares que lo salvaran al menos temporalmente de ver rodar por el suelo su plan cambiario, lo llevó a imaginar (quizás con ayuda de alguna sugerencia de los propios interesados) que abriendo una ventana de tiempo con el beneficio de quita de retenciones, quizás los exportadores, principalmente de soja y maíz, se verían tentados a registrar operaciones con ese beneficio y adelantar los dólares de las futuras ventas. Pero sólo para las operaciones de los primeros 7000 millones de dólares, avisó. 

El resultado fue que muy pocas empresas pueden estar en condiciones de financiar un anticipo de cientos millones de dólares del exterior y en pocas horas. En 36 horas, sólo siete empresas pudieron conseguir más de 500 millones de dólares, pero entre esas, siete cubrieron el 87 por ciento de la meta de los 7000 millones de dólares.

Si las cifras a liquidar por las exportadoras mantienen las proporciones de los volúmenes declarados, ello querría decir que Louis Dreyfus (LDC), la más beneficiada por la quita de retenciones, aportaría unos 1275 millones de dólares al financiamiento del Plan Caputo. Cargill, otros 1250 millones, Bunge unos 950 millones, General Dehesa (AGD) alrededor de 900 millones, Cofco unos 670 millones y más atrás, Molinos Agro y Viterra con unos 520 millones cada una. Un total estimado de poco menos de 6100 millones de dólares entre las siete grandes, el 87 por ciento del valor total requerido por Caputo.

Ahora esas 7 empresas, cinco de ellas multinacionales, quedaron bajo sospecha al menos de los denunciantes de la supuesta estafa al Estado con la quita temporaria de retenciones. «Partícipes necesarias de la maniobra», las señala la denuncia. 

Las organizaciones rurales, a su vez, también pusieron en la mira a los grandes exportadores, y los sindican como los exclusivos beneficiarios de la quita de las retenciones. Al agotarse en dos días la «ventana» de quita, no se llegó a ver reflejado en el precio del mercado (la cotización de referencia es la de la Bolsa de Comercio de Rosario). Si los precios de la soja y el maíz en pesos, ahora con retenciones, volvieran a los nivele de la semana pasada, los exportadores podrían comprarlos baratos y hacerse la diferencia. Pero aquí está el otro eje de conflicto. 

¿Es legal que las exportadoras le paguen a los productores un precio reducido por las retenciones, despues de haber registrado y liquidado, anticipadamente, su venta al exterior durante la vigencia de la quita de las retenciones? Los autores de la denuncia consideran que no. Subrayan que «las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) son una manifestación unilateral que hace una empresa exportadora (intermediaria entre el productor y el comprador de otro país) ante el fisco. En esa manifestación, le informa al fisco, para registro y cobro de derechos de exportación correspondientes, que vende al exterior cierta cantidad de granos». 

Pero agrega que la DJVE «no implica que ya haya embarcado esos granos al exterior. Tampoco que tenga celebrado el contrato con el importador del país de destino. Ni siquiera que tenga ese grano en su poder porque ya se lo compró al productor». Es decir, fija el valor de retención del día de la declaración (en este caso, cero) y el precio del producto según la cotización del día. Si el posterior precio del contrato de exportación es mayor al del día de la declaración, y la nueva suba de las retenciones reduce el precio del mercado al momento de la compra del grano, doble beneficio para el exportador. 

Organizaciones como la Sociedad Rural o Carbap han puesto el grito en el cielo, poorque quedaron fuera del reparto de la transferencia del Estado (al sacrificar ingresos fiscales) al sector privado. Lo curioso es que esto mismo sucedió durante la crisis de las retenciones en 2008, cuando un debate en comisiones de Diputados echó luz sobre un negocio hasta entonces no develado: que los exportadores, sistemáticamente, le descuentan por retenciones a los  productores un valor muy superior al que después ingresan al fisco como derecho de exportación. 

«Si el exportador compra el grano con una retención vigente más elevada que cuando registra la DJVE, entonces ingresa al fisco una retención menor y esa diferencia le pertenece al productor», sostuvo por entones el ex diputado Mario Cafiero (hoy ya fallecido), acompañado en su denuncia por los diputados Claudio Lozano, Eduardo Macaluse y Lisandro Viale. El conflicto vuelve a tomar vigencia. Luis Caputo, por sus urgencias, y las cerealeras con sus reflejos, lo volvieron a traer al primer plano.