Jubilados y organizaciones sociales volvieron a reunirse este miércoles frente al Congreso de la Nación en el marco de las marchas semanales por mejoras en los haberes y contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Minutos después de las 14, los manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero el clima de protesta se transformó rápidamente en tensión.
En medio de un desproporcionado operativo de seguridad, un efectivo de la Policía Federal empujó a uno de los manifestantes, un adulto mayor identificado como Egidio Contreras que llevaba una bandera de los pueblos originarios en la espalda, y lo hizo caer violentamente al suelo. Según confirmó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) en un comunicado, la agresión fue denunciada penalmente.
Las imágenes difundidas mostraron cómo otros manifestantes corrieron a asistirlo mientras el hombre intentaba reincorporarse con dificultad. El empujón se produjo cuando el hombre avanzó unos pasos por la vereda, sin mediar provocación alguna.
El incidente ocurrió mientras personal policial colocaba vallas metálicas sobre las avenidas Entre Ríos y Callao, bloqueando el acceso al Congreso bajo el argumento de “mantener el orden y no interrumpir el tránsito”. Sin embargo, los presentes denunciaron que el dispositivo fue “innecesario y hostil”, teniendo en cuenta que la mayoría de los manifestantes eran adultos mayores.
Desde la CPM, manifestaron que «cuatro agentes de la Policía Federal agarraron por la espalda a Egidio Contreras y lo empujaron de forma violenta contra la vereda, provocándole lesiones por las cuales fue trasladado y atendido en el hospital Ramos Mejía«. La comisión resaltó que Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista. «En nuestra tarea de monitoreo de la represión a la protesta social, venimos denunciando en la justicia las acciones de hostigamiento y persecución reiteradas sobre un grupo de jubilados, entre ellos Egidio Contreras quien resultó herido en otros hechos represivos», expresaron.
Los jubilados se movilizan cada miércoles desde comienzos del año para exigir un aumento de haberes acorde a la inflación, además de repudiar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.
Pero esta vez, la protesta tiene un condimento especial: ocurre en plena previa de las elecciones legislativas de 2025, en un contexto de fuerte ajuste y caída del poder adquisitivo.
La Policía Federal se encargó del primer anillo de seguridad y la Policía de la Ciudad del segundo, repitiendo el esquema de control implementado en otras movilizaciones recientes. Semanas atrás, tres personas habían sido detenidas durante incidentes similares, en lo que los organismos de derechos humanos calificaron como un “uso desproporcionado de la fuerza”.
Un aumento insuficiente y la brecha que no se cierra
En paralelo a la protesta, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las jubilaciones y pensiones tendrán en noviembre un aumento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre medida por el Indec. La suba se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente desde julio del año pasado, establecida por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes mensualmente según el IPC.
Tras la actualización y el bono de refuerzo, la jubilación mínima ascenderá a $403.150,64, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $336.520,51. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán en $303.205,45, y la jubilación máxima alcanzará los $2.241.568,43.
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