Estados Unidos llevó a cabo por primera vez un ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico Oriental, que el Pentágono calificó de presunta “narcolancha”. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dos presuntos narcotraficantes murieron en el operativo del martes, mientras que ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Hasta ahora, Washington no presentó pruebas que respalden estas afirmaciones, y tanto Venezuela como Colombia reclamaron explicaciones sobre la acción.
El Pentágono difundió un video en el que se ve la lancha desplazándose a alta velocidad antes de ser destruida, aunque no aportó detalles sobre la carga o la ruta de la embarcación.
La Casa Blanca sostiene que la operación se enmarca en la orden de Donald Trump que clasifica a los cárteles de droga como “organizaciones terroristas”, dentro de su estrategia de combate al narcotráfico.
Expansión de operaciones
Hasta ahora, los ataques estadounidenses se habían concentrado en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Con esta acción en el Pacífico, EE.UU. amplía su despliegue militar, que incluye destructores, submarinos, aviones F-35 y fuerzas especiales, reforzando la vigilancia sobre las rutas marítimas de drogas. Hegseth aseguró que “no habrá lugar seguro para los narcoterroristas en nuestro hemisferio”, comparando a los cárteles con Al Qaeda.
Reacciones regionales
Gobiernos de Venezuela y Colombia cuestionaron la acción y reclamaron pruebas sobre la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los ataques como “crímenes de guerra”, mientras Caracas denunció una creciente presión militar sobre su territorio.
Maduro advirtió que responderá a cualquier acción estadounidense con una “lucha armada” y comenzó a movilizar fuerzas militares y entrenar a civiles para defensa territorial.
Antecedentes y legalidad
Desde el 2 de septiembre, EE.UU. atacó siete embarcaciones en el Caribe, dejando un saldo de al menos 34 muertos. Los ataques generaron cuestionamientos sobre su legalidad, ya que no han sido autorizados por el Congreso y se realizan bajo la declaración de conflicto armado del presidente Trump contra los cárteles.
Organismos de derechos humanos internacionales advierten sobre la interpretación de los sospechosos de narcotráfico como objetivos militares, una práctica que hasta ahora se consideraba propia de la aplicación de la ley.
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