El Gobierno pone en marcha la desregulación de las armas semiautomáticas

A través del restaurado Registro Nacional de Armas (Renar), el Gobierno nacional reglamentó el régimen con el que se pondrá en práctica la habilitación a los legítimos usuarios para la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas. La desregulación ya había sido anunciada en junio de este año a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y ahora se constituyó el marco legal y los requisitos que deberán cumplir los usuarios para acceder a este tipo de armas, que desde 1995 eran sólo de uso militar.

La medida se suma a la larga lista de decisiones que el Gobierno nacional viene tomando en el sentido de la liberalización del mercado de armas. La primera fue la baja de 21 a 18 años de la edad autorizada para ser legítimo usuario, mientras que en mayo de este año se sumó un nuevo capítulo con la apertura de un trámite digital de «tenencia express» para «agilizar el trámite de la tenencia». A esto hay que agregarle la eliminación de la ya inexistente Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y la restitución del Renar, que incluyó la remoción de casi todas las tareas de control de la tenencia de armas por parte del Estado. 

El Decreto N° 397/25, de junio, que liberó la tenencia de semiautomáticas, fue uno de los más polémicos de la lista, ya que habilitó la tenencia de armas alimentadas con cargadores removibles tipo fusil, subfusil, carabina o subametralladora de asalto derivadas de armas militares, todas similares a las que se utilizan, por ejemplo, en los masivos tiroteos de Estados Unidos. 

Ese decreto necesitaba una norma reglamentaria para ponerse en práctica, y eso fue lo que realizó ahora el Renar a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución N°37/25, que establece los requisitos para acceder a las semiautomáticas. La medida establece que los legítimos usuarios y entidades de tiro deberán cumplir requisitos específicos, como acreditar la titularidad del material, disponer de un sector de guarda homologado, presentar declaración jurada e integrar elementos probatorios sobre usos deportivos.

Entre las condiciones para obtener la autorización figuran contar con al menos cinco años como legítimo usuario y carecer de antecedentes o sanciones, mientras que por el lado de los «fines deportivos» se pedirán certificaciones de entidades de tiro o de certámenes de competencias internacionales. El trámite estará sujeto al pago de una tasa equivalente a la prevista para la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones.

El nuevo régimen reemplaza normas anteriores y busca, según la autoridad, ordenar y transparentar la tenencia responsable de materiales considerados de uso condicional, conforme al marco legal vigente en materia de armas y explosivos.

Temen el aumento de los tiroteos y el crimen organizado

Las organizaciones que militan por el desarme del país advirtieron que este nuevo paso tendrá consecuencias desastrosas para el país: más muertes violentas, más tiroteos y más letalidad en el crimen organizado. Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, explicó a AM 750: “El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco. Ponen ahora unos requisitos para que sea comprobable el uso deportivo. Pero son armas que pueden tirar ráfagas de balas. Son ráfagas. No es para hacer tiro al blanco”.

“Hay tiro deportivo de este tipo de armas, pero habíamos avanzado en 1995, con el gobierno de (Carlos) Menem, que se había prohibido estas armas. El primer efecto que produce es que las armas que antes las organizaciones (criminales) tenían que ir a buscar a los cuarteles, ahora las van a buscar a la casa de civiles”, comenzó advirtiendo.

Por lo que añadió: “Y tenemos la experiencia de Brasil con el caso Bolsonaro, que hizo una política de liberalización del merado de armas y se multiplicaron los femicidios con este tipo de armas. Y hubo tiroteos en escuelas, en plazas”. “Son armas de guerra, de mucho poder. Y la característica es su letalidad. Una persona con una de esta y dos o tres cargadores puede matar a 100 personas. Es un riesgo enorme para esta sociedad”, advirtió, finalmente. 

La red viene llevando adelante una campaña específica contra las políticas de Milei en el tema, particularmente en rechazo de la eliminación de la Anmac. La campaña incluyó un pedido formal al Congreso de la Nación para que diputados y senadores rechacen en ambas cámaras el decreto delegado con el que se reemplazó la agencia por el Renar. Allí advertían, entre otras cosas, que esa eliminación implicaba «la desaparición de la política de prevención de la violencia armada y de control de armas de fuego en nuestro país, y el retorno a un modelo establecido en 1973 y abandonado en 2015, justamente por su ineficacia«.