La exfiscal general del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, fue detenida este lunes luego de un presunto intento de suicidio, en el marco de una investigación por la filtración del video que muestra a soldados israelíes torturando a un prisionero palestino en la base militar de Sde Teiman, en el desierto del Néguev.
La detención se produjo horas después de que la exfuncionaria fuera hallada con vida, tras haber estado desaparecida durante parte del domingo. Su auto había sido encontrado en una playa del norte de Tel Aviv junto a una carta de despedida. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de búsqueda hasta que finalmente fue localizada “sana y salva” en la zona costera de Herzliya, según confirmó la policía.
Según informó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, Tomer-Yerushalmi fue arrestada “por filtraciones y otros delitos graves”. En un mensaje publicado en Telegram, el ministro ultraderechista instruyó al Servicio Penitenciario a “actuar con extrema vigilancia” para garantizar su seguridad bajo custodia.
El caso provocó una crisis institucional dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y volvió a exponer las tensiones entre la cúpula militar y el gobierno de Benjamin Netanyahu, acusado de encubrir abusos contra palestinos y de perseguir a quienes los denuncian.
El video del escándalo
La exfiscal había presentado su renuncia el viernes pasado, luego de admitir públicamente que fue ella quien autorizó la difusión del video a la prensa. La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí. En un comunicado previo a su dimisión, el Ministro de Seguridad Israel Katz ya había anunciado que Tomer-Yerushalmi «no volverá a su cargo dada la gravedad de las acusaciones» tras la filtración. «Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman», puntualizó Katz.
En una carta divulgada por medios israelíes, la fiscal afirmó que su decisión buscó “contrarrestar la propaganda falsa dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley” y asumió “plena responsabilidad” por la filtración. “Adopté esta medida ante las presiones de ministros, periodistas y figuras políticas que intentaron impedir que la Fiscalía militar investigara los abusos cometidos en Sde Teiman”, escribió Tomer-Yerushalmi en su carta de justificación.
La base militar de Sde Teiman, situada a unos 30 kilómetros al este de la Franja de Gaza, funciona desde octubre de 2023 como centro de detención de palestinos capturados durante la ofensiva israelí. En febrero de este año, el Ejército reconoció que cinco soldados reservistas fueron imputados por torturar a un prisionero gazatí el verano pasado. Según el acta de acusación, los militares “actuaron con gran violencia”, provocando fracturas costales, un pulmón perforado y lesiones anales graves.
La Fiscalía Militar abrió una investigación formal, pero el proceso fue rápidamente objeto de presiones políticas. El acta de la acusación menciona numerosas pruebas recabadas durante la investigación, incluidas imágenes de las cámaras de vigilancia y documentos médicos. En total, diez militares fueron detenidos el 29 de julio de 2024 tras la filtración del video, aunque la mitad recuperó la libertad poco después.
Las imágenes filtradas al israelí Canal 12 mostraban a los soldados rodeando al detenido con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras se cometía la agresión. La filial israelí de la ONG Médicos por los Derechos Humanos denunció entonces que la víctima había sido hospitalizada en estado crítico, con “lesiones potencialmente mortales” y “una herida grave en el recto”.
Presión interna
Tanto Ben Gvir como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificaron la filtración como “una difamación” contra las FDI y reclamaron el cierre de la causa. Ninguno se refirió al contenido del video ni a las denuncias de tortura. El propio Netanyahu describió la filtración como “el ataque propagandístico más severo que ha sufrido el Estado de Israel desde su fundación” y exigió una “investigación independiente y exhaustiva” sobre la forma en que el video llegó a los medios. “Se ha causado un daño enorme a la reputación del país y del Ejército”, sostuvo el primer ministro en una declaración pública.
En paralelo, medios israelíes informaron que otro exfiscal del Ejército, el coronel Matan Solomosh, fue detenido junto a Tomer-Yerushalmi y deberá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv, acusado de obstrucción a la investigación y abuso de confianza. Solomosh, otro de los principales fiscales del ejército en funciones al momento de la filtración, fue vinculado a por la Policía Israelí a una serie de informes falsos entregados a las autoridades sobre una investigación interna sobre la filtración.
Mientras tanto, el sistema judicial israelí enfrenta una ofensiva del gobierno para desplazar de la causa a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, quien se opone a interferencias políticas en las investigaciones sobre crímenes de guerra. En una carta publicada este domingo, la fiscalía insiste en que el Ministro de Justicia, Yariv Levin, «no tiene la autoridad» para prohibir el avance de la investigación sobre el video filtrado.
El lunes, la Fiscalía Militar confirmó que el palestino torturado fue deportado a Gaza el 13 de octubre, sin haber podido declarar ante la justicia. “El detenido ya no se encuentra bajo custodia de las autoridades israelíes”, indicó el comunicado. La organización de colonos Honenu, que representa a dos de los soldados imputados, exigió el retiro inmediato de los cargos.
El caso Sde Teiman ha sido documentado por diversas organizaciones humanitarias como uno de los más graves de la actual guerra. En un informe difundido en julio de 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que “numerosos palestinos fueron encarcelados en secreto y sometidos a tratos que podrían considerarse tortura” en el centro de Néguev. Amnistía Internacional, por su parte, alertó sobre “una política sistemática de malos tratos y desapariciones forzadas” contra detenidos gazatíes.

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