El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, condenada por intento de golpe de Estado en el marco de la crisis política de 2019. La decisión del máximo tribunal, adoptada tras una revisión extraordinaria, dispuso además su liberación inmediata, tras más de cuatro años de reclusión, y estableció que cualquier investigación futura contra ella deberá tramitarse mediante un juicio de responsabilidades, la vía especial reservada para altos funcionarios del Estado. Los familiares y abogados de Áñez anunciaron que saldrá libre este jueves.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia ejecutoriada de diez años y, en consecuencia, se ordena su libertad en el día”, informó al anunciar la resolución el presidente del TSJ, Romer Saucedo, llegado al cargo en enero de este año. Según explicó, la revisión del expediente causa detectó “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que “afectaron el debido proceso y los derechos” de la exmandataria.
La decisión responde a un recurso extraordinario de revisión presentado por la defensa de Áñez, detenida desde marzo de 2021 por el caso denominado “golpe de Estado II”, vinculado a los hechos violentos tras su asunción en 2019. El proceso la responsabilizaba de haberse situado irregularmente en la línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de ese año, en medio de una fuerte convulsión social y denuncias de fraude electoral.
Un recurso privilegiado
La decisión se produce tras un recurso de revisión extraordinaria presentado por la defensa de Áñez, que argumentó que la condena violaba su fuero constitucional. La ex presidenta, de 58 años, había sido condenada en 2022 a diez años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Permanecía recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz. Tras conocerse el fallo, su equipo legal confirmó que ya se iniciaron los trámites ante un juez de ejecución penal para concretar la liberación.
Durante su gobierno interino, Áñez fue acusada de haber promovido un intento de golpe contra Morales y de avalar el uso de la fuerza por parte de militares y policías contra manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de 2019 dejó 36 personas muertas, la mayoría después de su asunción.
El tribunal boliviano alegó que la expresidenta debía haber sido juzgada mediante un juicio de responsabilidades, el procedimiento especial previsto por la Constitución para exmandatarios y otras altas autoridades del Estado, y no a través de la justicia ordinaria. “Esa diferencia en la vía procesal constituye una vulneración al marco legal vigente”, precisó Saucedo.
Durante el anuncio, Saucedo destacó que el fallo “no es un privilegio”, sino una corrección ante los errores del proceso. “Se ha visto que hubo vulneraciones al debido proceso y a los derechos de los cuales ella goza. Por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”, afirmó. El presidente del tribunal subrayó que la revisión fue aprobada con el voto mayoritario de los magistrados y que “la corrección forma parte del compromiso de transformación de la Justicia boliviana”.
El caso se sumaba a otros dos procesos judiciales por las muertes registradas durante esas jornadas en las localidades de Senkata y Sacaba. En agosto pasado, tribunales departamentales habían resuelto anular los juicios ordinarios por esos hechos, trasladando las causas al ámbito legislativo para su eventual tratamiento como juicios de responsabilidades.
«La libertad tiene sus condiciones»
La anulación de la condena generó reacciones inmediatas. Dirigentes opositores destacaron el fallo como un “acto de justicia”, mientras que organizaciones de víctimas de la represión anunciaron que impulsarán una nueva acusación en el Congreso para que la exmandataria sea sometida al juicio de responsabilidades correspondiente. “El caso no está cerrado”, advirtió David Inca, integrante de una asociación de familiares de víctimas, quien adelantó que presentarán una denuncia formal ante la próxima Asamblea Legislativa.
El fallo se conoció en vísperas de la asunción del presidente electo Rodrigo Paz, que tomará posesión tras imponerse en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, marcando el fin de 18 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Paz, que recibió su credencial como mandatario este miércoles, habló también de una “nueva etapa institucional” y advirtió que “la libertad tiene sus condiciones”.
También el alcalde de Cochabamba y ex candidato presidencial, Manfred Reyes Villa, afirmó que “hoy se hará justicia, después de más de cuatro años de una aprehensión injusta y políticamente dirigida por el MAS”.
En sus primeras palabras tras conocer el fallo, Áñez afirmó que “no se trata de un triunfo, sino de una reparación” tras su encarcelamiento. “No es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con fe y con esperanza en una justicia que hoy nos da un respiro”, declaró al diario El Deber. Horas antes, en una publicación en la red X, había afirmado: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Las decisiones difíciles tienen un precio”.
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