Por pedido de los fondos buitre que litigan en la causa YPF, la jueza de Nueva York Loretta Preska deslizó la posibilidad de abrir una investigación por “desacato” contra funcionarios y exfuncionarios argentinos que aún no entregaron sus comunicaciones personales.
La jueza les había pedido los chats, mails personales porque desea determinar la relación entre la petrolera y el Estado argentino, para de esta forma embargar activos del país.
El insólito planteo fue contemplado durante una nueva audiencia en que los demandantes del fallo que ordena a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF denunciaron “el incumplimiento total” de la orden de Preska.
La defensa del Estado argentino advirtió que no puede garantizarse la preservación de las comunicaciones solicitadas en funcionarios de los gobiernos anteriores por una cuestión lógica: el desuso de algunos teléfonos personales.
Argentina se había comprometido a informar antes del 10 de noviembre quienes presentarán los chats y comenzará a producir documentos antes del 21 de noviembre. Preska amplió su pedido para que se incluyan los contactos en plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales, mientras que los demandantes solicitaron que, si no hay cumplimiento al 21 de noviembre, se convoque una audiencia por desacato.
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