Frente al afán libertario de volver a privatizar la estatal Aysa, iniciativas en la sociedad civil avanzan en pos de evitar tal desguace. Una de ellas es la Campaña contra la Privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que reunió en distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo CABA, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Alte Brown, Vicente López, San Isidro y Tigre, una importante movilización días atrás.
Pese al mal clima y la presencia policial las y los vecinos que integran el Espacio Intercuencas se manifestaron el pasado 20 de septiembre en contra de la re-privatización del servicio de agua potable y cloacas alertando sobre las consecuencias nefastas que tuvo la anterior privatización en la década del 90 y la importancia de continuar con las obras públicas en saneamiento.
A fines de agosto, la presentación judicial de la red de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres obtuvo una cautelar de la Cámara de San Martín que suspendió por seis meses el decreto 493 según el cual el Gobierno modificó el marco regulatorio, eliminando el reconocimiento del derecho humano al agua, habilitando cortes de servicio por falta de pago y reduciendo controles de calidad. También el Gobierno a través del DNU 494 dispuso la venta del 90 por ciento de las acciones, combinando un 51 por ciento a un operador privado y 49 por ciento en la bolsa.
El proceso avanza con apuro: incluso el Tribunal de Tasaciones advirtió que no podía valuar la empresa en los plazos exigidos, por lo que el Gobierno delegó la tarea a un banco público, lo cual abre la puerta a subvaluar los activos y entregar la compañía a capitales extranjeros, según advirtieron desde el Espacio Intercuencas.
Los críticos advierten que las transnacionales del agua sólo buscan tarifas dolarizadas y rentas extraordinarias, sin invertir en expansión, repitiendo el fracaso de los años ’90. También rechazan la eventual participación de la estatal israelí Mekorot, denunciada por usar el agua como arma contra la población palestina.
La Libertad “Atrasa”
Según la recapitulación que hacen desde el Espacio Intercuencas, el gobierno de Javier Milei eliminó al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), clave para el financiamiento y planificación de obras de agua y cloacas. También suspendió los planes de expansión de AySA en barrios populares, a pesar de contar con créditos internacionales aprobados.
En paralelo, se aplicaron tarifazos históricos: AySA reconoce un aumento del 204 por ciento en 2024 más ajustes mensuales del 1 por ciento, mientras que el instituto IIEP (UBA-Conicet) estima un alza acumulada del 367 por ciento hasta agosto de 2025, muy por encima de la inflación. De modo que la empresa ya cubre operación y mantenimiento pero aún así suspende las obras a privados.
El ajuste de Milei incluyó despidos masivos: de 7.799 trabajadores en 2023 pasaron a 6.222 en 2025, una reducción del 20 por ciento en el personal de una empresa que atiende a más de 15 millones de habitantes. Además, cerraron todas las sedes de atención al público en distritos y redujeron la provisión de agua a la población del Delta.
El fracaso de los ’90
En los años ’90, durante el menemismo, Obras Sanitarias de la Nación fue entregada en concesión a Aguas Argentinas S.A., controlada por el francés Grupo Suez. Esta empresa incumplió sistemáticamente el contrato, según detallan desde el Espacio Intercuencas a Página/12: no expandió la red en barrios populares, priorizó zonas de mayor poder adquisitivo, aplicó fuertes aumentos tarifarios y giró las ganancias al exterior sin realizar las inversiones prometidas.
Además, se endeudó con autopréstamos, expandió el agua sin cloacas provocando ascenso de napas y contaminación del Acuífero Puelche ubicado en la región pampeana, brindó baja presión en el conurbano y omitió obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en Berazategui, a pesar de los riesgos de contaminación del Río de la Plata.
El colapso de este modelo, visibilizado con las puebladas de 2001, derivó en la reestatización del servicio bajo AySA, que reconoció el agua como un derecho humano y trazó un Plan Director para cumplir las obras pendientes. Entre 2006 y 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión pasó del 76 al 85 por ciento, y la de cloacas, del 57 al 72,6 por ciento. También se incorporaron 9 municipios del conurbano con bajos niveles de cobertura, recuerdan desde el Espacio Intercuencas. Hoy, la gestión estatal garantiza agua al 75,1 por ciento de la población y cloacas al 62,8, aunque los planes de expansión están suspendidos por el actual Gobierno, que prioriza el aumento de tarifas para volver atractivo el negocio de la privatización.
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