La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció que el GCBA busca restringir el acceso al aborto

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca “restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”, según indicaron en un comunicado. Este intento por parte del Poder Ejecutivo porteño se apoya en el «Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV)”, mediante el cual, con el argumento de “acompañar” a personas gestantes durante el embarazo, condicionan el acceso al derecho al aborto. “Esta aplicación constituye una forma de violencia institucional que busca influir y coaccionar las decisiones de las personas gestantes”, sostuvieron desde la Campaña.

El protocolo fue impulsado por la Secretaría Nacional de la Niñez, los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA y «organizaciones del tercer sector«, según la página oficial del Gobierno de la Ciudad. Desde la campaña enfatizaron que el titular de la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, es pastor y tiene vínculos con “sectores evangelistas, históricamente opositores al derecho al aborto”. Mediante el protocolo, advierten, se fomenta la “infiltración de grupos religiosos en centros de salud, que ‘aconsejan’ a las mujeres y personas gestantes desde perspectivas no científicas ni laicas, violando el principio de atención basada en derechos humanos y evidencia científica”.

Cuando se presentó el protocolo en agosto de este año, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que se trata de “una herramienta para garantizar el bienestar de la familia y que ninguna mujer se sienta sola. Vamos a cuidar la vida con una mirada integral que fortalezca el vínculo madre-hijo”.

Desde la Campaña sostienen que el PAEV se presenta con un “discurso engañoso”, pero que tiene un marcado carácter “regresivo”: “desde una visión conservadora que reduce la accesibilidad a la salud integral, desconoce la diversidad de identidades que pueden gestar y promueve una mirada asistencialista y tutelar que atenta contra la autonomía y la libertad de decisión”, sostienen.