La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó examinar un recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizado para todo el país por ese mismo tribunal en 2015. De esta manera, frenó la avanzada de los sectores antiderechos, que buscaban revocar aquella histórica decisión.
La decisión en este tema de los altos magistrados se esperaba con mucha tensión: la Corte, de mayoría conservadora y en sintonía con los postulados ultraderechistas del presidente Donald Trump, venía de una seguidilla de fallos contrarios a los derechos civiles: el caso culminante fue la eliminación en 2022 de la garantía federal del derecho al aborto.
El pasado viernes, el Supremo se reunió a puerta cerrada para debatir si abrir este caso o no. Este lunes anunció que denegaba la petición en una orden sin firmar y sin dar ninguna explicación sobre la decisión, como suele ocurrir. De haber admitido el caso, esto hubiera supuesto un nuevo revés, o al menos una nueva amenaza, para los derechos de las personas LGTBIQ+ en Estados Unidos, que desde que Trump regresó al poder se vieron reducidos.
El alto tribunal se refirió a la apelación de Kim Davis, una exfuncionaria del registro civil de Kentucky que se había negado a emitir licencias de matrimonio de personas del mismo sexo, citando sus creencias religiosas, cuando este se convirtió en un derecho constitucional.
El 26 de junio de 2015, durante el mandato de Barack Obama, el Supremo emitió un fallo histórico, conocido como «Obergefell contra Hodges», que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, alegando que la Enmienda 14 de la Constitución estipula que todos los ciudadanos deben recibir igualdad de protección ante la ley. Ese fallo obligó a los trece estados que en ese momento todavía prohibían el matrimonio igualitario, entre ellos Kentucky, a permitir ese tipo de uniones.
Esta decisión de 2015 fue celebrada con entusiasmo por los sectores progresistas del país. El entonces presidente demócrata Barack Obama la consideró un «gran paso en nuestro camino hacia la igualdad» y una «victoria para Estados Unidos».
En aquel momento, Davis fue encarcelada durante seis días por desacato y desde entonces se convirtió en una figura central en el debate sobre la libertad religiosa y los derechos LGBTQ+.
Davis apeló un veredicto del jurado que le impuso el pago de 100.000 dólares por daños emocionales a la pareja que ella negó casamiento y 260.000 dólares en honorarios legales. Su defensa sostuvo que la Primera Enmienda, que protege el libre ejercicio de la religión, la ampara y la inmuniza de responsabilidad personal.
En su presentación, también cuestionó directamente el fallo Obergefell v. Hodges de 2015, que garantizó el matrimonio igualitario bajo la protección de la Enmienda 14. Según su abogado, Mathew Staver, la decisión fue “notoriamente errónea” y debía ser corregida.
Se trata de la primera vez desde 2015 que se solicitó formalmente al máximo tribunal la revocación de esta decisión. Davis era considerada una de las pocas personas con legitimidad legal para impugnarla.
Los tribunales inferiores habían rechazado sus planteos. Un panel de un tribunal federal de apelaciones resolvió este año que Davis no puede invocar la Primera Enmienda como defensa, ya que actuaba como funcionaria estatal y sus acciones no están protegidas por esa cláusula constitucional.
En 2019, la exsecretaria ya había llevado su caso a la Corte Suprema buscando desestimar las demandas en su contra, pero la petición fue rechazada. En ese momento, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito coincidieron con la decisión, aunque advirtieron sobre el alcance de Obergefell.
Ahora, la negativa a examinar el caso por parte de la Corte Suprema debería confirmar la condena a Davis a pagar la indemnización a la pareja gay a la que se le negó la certificación de su matrimonio.
Human Rights Campaign, un grupo de defensa de los derechos LGBTQ, elogió la decisión de la Corte de no examinar el caso presentado por Davis. «Hoy el amor ganó nuevamente», dijo Kelley Robinson, presidenta de la organización.
Actualmente, se estima que hay 823.000 parejas del mismo sexo casadas en Estados Unidos, de las cuales 591.000 contrajeron matrimonio después del fallo de 2015, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA.
Desde entonces, la composición de la Corte Suprema se inclinó hacia una supermayoría conservadora de seis jueces, incluidos tres designados por el Trump en su primer mandato. Entre ellos, el presidente del tribunal, John Roberts, quien ya había criticado duramente el fallo Obergefell hace una década.
Al menos nueve estados gobernados por republicanos impulsaron iniciativas para revertir el fallo del Supremo sobre el matrimonio igualitario a nivel federal, en un intento de que ese asunto vuelva a estar en manos de los estados. A finales de octubre, una orden del Supremo en Texas dictaminó que los jueces que «se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio» debido a una «creencia religiosa sincera» no están violando las leyes del estado.
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