La hermana presidencial más cerca de ser llevada al Congreso por la fuerza pública

Pese a los intentos del Gobierno por barrer el criptoescándalo bajo la alfombra, y aunque en la Casa Rosada celebraron como un triunfo la negativa inicial del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a conceder el auxilio de la fuerza pública solicitado por la comisión investigadora, el escenario cambió. El magistrado hizo lugar a la apelación de los integrantes de la comisión y ahora será la Sala I de la Cámara Federal —que ya fijó audiencia para el 27 de octubre— la que deberá resolver si los funcionarios que se negaron a comparecer podrán ser citados de manera compulsiva para declarar. Entre los apuntados figuran la hermana del Presidente, Karina Milei; Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; y María Florencia Zicavo, designada por el Gobierno para investigar el caso, aunque en esta instancia la Cámara deberá pronunciarse primero sobre Melik y Zicavo. En paralelo los integrantes de la comisión investigadora esperan al lunes cuando se vence el plazo para que el juez responda el pedido por escrito que hicieron los diputados para acceder al expediente judicial.

Si bien en un principio Martínez de Giorgi consideró “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria ampliara sus facultades mediante su propio reglamento, en las últimas horas el juez habilitó la apelación, abriendo una nueva oportunidad para los integrantes de la comisión investigadora que buscan determinar el grado de participación y responsabilidad política del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el vocero Manuel Adorni, el ministro Luis Caputo y otros funcionarios implicados en la promoción y difusión de la cripto estafa.

Los tiempos son ajustados: según su reglamento, la comisión tiene plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para producir y reunir toda la prueba antes de elevar su informe final a la Cámara de Diputados. En ese escrito se detallarán los hechos y resultados de la investigación. La Cámara Federal fijó recién para el 27 de octubre la audiencia en la que las partes podrán presentar sus argumentos —de manera oral o por escrito— antes de resolver si se habilita o no el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios.

En principio, el escrito se limita a la apelación presentada por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, contra el fallo del juez Martínez de Giorgi que declaró improcedente la citación compulsiva de Alejandro Melik y María Florencia Zicavo. Sin embargo, la resolución de la Cámara será clave para definir el futuro de otros funcionarios involucrados, entre ellos la secretaria general de la Presidencia.

Karina Milei ya faltó a las dos citaciones fijadas por la comisión, sin proponer una fecha alternativa ni aceptar la propuesta de las autoridades parlamentarias de trasladarse hasta la Casa Rosada para tomarle declaración. Esta semana tampoco asistió a la sesión prevista para su interpelación en el marco del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde fue señalada por el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, de ser la destinataria de los retornos provenientes de los negocios espurios con la droguería Suizo Argentina. La oposición más dura pidió al presidente de la Cámara que los funcionarios informen por escrito cuándo estarían dispuestos a presentarse, aunque se descuenta que el desaire al Congreso por parte de los funcionarios libertarios continuará. Por eso el peronismo, bloque mayoritario en la Cámara Baja, debate internamente los pasos a seguir. Para un sector de Unión por la Patria la ausencia a una interpelación constituye un incumplimiento grave de los deberes de funcionario público. En diálogo con Página/12 Juan Marino, secretario de la comisión adelantó que “sus incumplimientos sistemáticos (por Karina Milei) formarán parte de las conclusiones del trabajo de la Comisión donde tenemos que fijar posición de las responsabilidades políticas y plantear un curso de acción a seguir».

El lunes, los integrantes de la comisión que investiga el criptoescándalo esperan una respuesta al escrito que presentaron ante el juez Martínez de Giorgi para acceder al expediente judicial. En su presentación, los diputados solicitaron una copia certificada de las actuaciones completas de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y de la Oficina Anticorrupción (OA), ambas remitidas al juzgado federal. Los legisladores consideran que acceder a esos documentos es clave para determinar si el Poder Ejecutivo llevó adelante una investigación real o si, por el contrario, intentó encubrir responsabilidades políticas.

Además, requirieron copia de todos los informes periciales técnico-informáticos elaborados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de los registros completos de ingresos y egresos a la Casa Rosada, prueba considerada vital para reconstruir la cronología de los encuentros vinculados al caso, su contenido y cotejarla con las declaraciones públicas de los funcionarios. En el mismo escrito, los diputados también pidieron que se informe si la investigación permitió determinar cómo obtuvo el presidente Javier Milei el número de contrato mediante el cual se compraba el token $Libra que él mismo promocionó en su tuit del 14 de febrero, y que se remita toda la documentación y elementos probatorios vinculados a las acusaciones contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas maniobras de coimas y cohecho.