La Justicia anuló la restricción horaria a la educación en las cárceles

La Justicia anuló la restricción horaria impuesta por el Gobierno nacional para la educación en contexto de encierro. Se trata de una medida que había adoptado en marzo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que limitó a seis horas semanales la permanencia de las personas privadas de su libertad en los espacios de los centros universitarios ubicados dentro de los establecimientos penitenciarios.

La decisión del Ministerio había sido anunciada en conjunto con la prohibición de que los presos y presas pudieran organizarse en centros de estudiantes, medida que la Justicia también retrotrajo anteriormente. En principio, la restricción horaria abarcaba a cualquier actividad realizada por fuera de las horas de clase, pero una medida cautelar dictada en primera instancia abrió una mesa de diálogo e instó al Ministerio a elaborar un plan de horarios más abierto. En ese marco, la Justicia había homologado la propuesta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que restringía a seis las horas permitidas. 

Ahora, sin embargo, la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Eugenio Sarrabayrouse, decidió anular directamente toda restricción horaria al considerarla arbitraria, amparándose en que esa medida atenta contra al derecho a la educación en contexto de encierro. Así lo informó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que encabezó la acción de habeas corpus colectivo para intentar revertir la decisión de Bullrich que, aseguran, «impide a las personas detenidas estudiar fuera de sus pabellones, utilizar computadoras, acceder a la biblioteca o participar en actividades extracurriculares, de investigación o de extensión universitaria».

La Cámara, indicaron, «anuló la resolución que fijaba el régimen restrictivo de seis horas y ordenó al Juzgado de Instrucción que reanude la instancia de mesa de diálogo, garantizando esta vez una participación real de todos los actores, incluidos los estudiantes privados de libertad, para discutir y proponer modalidades alternativas para el ejercicio del derecho a la educación».