El Consejo Superior de La Universidad de Buenos Aires resolvió acudir a la justicia para garantizarse que se aplique la la Ley de Financiamiento Universitario votada cuatro veces por el Congreso y vetada por partida doble por el Gobierno. Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley, suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma, tal como lo hizo con la ley que garantizaba los fondos para el hospital Garrahan y que ampliaba las partidas presupuestarias para las políticas en discapacidad.
Las autoridades de la UBA consideraron tomar medidas al respecto “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Según la resolución del Consejo, “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida.
En este marco, la Ley aprobada por el Congreso, insistida por ambas cámaras, tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras docentes y nodocentes, por lo que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis», según se expresa en los considerandos de la resolución.
Además, la Ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. «la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública», concluyeron.
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