Javier Milei volvió al país con una lista de asuntos pendientes que le impuso Washington. El respaldo de la Casa Blanca calmó por un rato los mercados, pero abrió un pliego de exigencias: reconstruir la gobernabilidad y demostrar que tiene muñeca política para avanzar con las reformas estructurales que desde hace tiempo reclama el Fondo Monetario Internacional. Desde la Feria Internacional de Turismo de América Latina, el presidente se mostró disciplinado y pidió al Congreso que acelere las reformas laboral y fiscal. Un gesto declamativo que choca con un Parlamento dispuesto a seguir bloqueando sus iniciativas e imponiendo sus propios tiempos. Lo que se vislumbra en el horizonte para el gobieno son nuevos frentes tormentas: rechazo a los vetos presidenciales, reparto de fondos a las provincias, pedidos de informes, la moción de censura contra Guillermo Francos y hasta la interpelación de su hermana Karina. Uno por uno, los funcionarios en la mira del Congreso.
Tras una semana en la que el gobierno logró estabilizarse en medio de las turbulencias financieras el presidente tiene nuevas urgencias. A un mes de las elecciones del 26 de octubre, deberá ponerse al hombro la campaña para subsanar la mala selección de candidatos y hacer un contrapeso que acorte la diferencia de votos que el peronismo amenaza con repetir en la provincia de Buenos Aires. En ese camino, Milei tendrá que mostrarse “más cercano a la gente” y reconocer el impacto de las políticas de ajuste que su gobierno desplegó. Al mismo tiempo, deberá reparar el vínculo con los gobernadores para evitar otra seguidilla de derrotas parlamentarias y, quizá, convocar a Mauricio Macri para contener la fuga de votos al interior del bloque PRO. Tiempo de ponerse el traje de presidente y hacer política.
No será tarea sencilla. La semana pasada, en medio de la desesperación, el gobierno suspendió la implementación de la Emergencia en Discapacidad, una ley sancionada por el Congreso, al tiempo que eliminaba las retenciones a la soja. La jugada, que se transformó en un negocio millonario para un puñado de cerealeras, envalentonó todavía más a la oposición y desató un conflicto de poderes. Resta saber si el respaldo inédito que recibió Milei de Washington, además de calmar a los mercados, alcanza para aplacar los ánimos de una oposición que también tiene terminales en la embajada de Estados Unidos y que ya se preparaba para pisar a fondo el acelerador.
Funcionarios en la mira:
* Karina Milei: La presencia de la hermana del presidente es requerida en el Congreso por los dos escándalos de corrupción más graves que atraviesan al gobierno: el Libragate y las coimas en la Andis. En el primero, Karina Milei es señalada por haber coordinado reuniones entre el presidente y los promotores de la criptoestafa. Los diputados sospechan que pudo haber recibido dinero a cambio de la publicación del token que su hermano difundió en su cuenta de X el pasado 14 de febrero. En el segundo, se la vincula con el esquema de retornos que funcionaba entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Zuizo Argentina. Según los dichos de Spagnulo, Karina recibía un 3% en coimas por cada contrato.
La comisión que investiga el criptoescándalo ya la citó a declarar en dos oportunidades. El martes pasado, la secretaria general de la Presidencia no asistió. La próxima citación es el martes 30: si no se presenta ni propone una fecha alternativa, la comisión quedará en condiciones de pedir auxilio a la Justicia para que sea llevada a declarar por la fuerza pública.
La comisión por Libra también pidió un encuentro reservado con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que dé detalles de la autoinvestigación que el gobierno encargó a la Oficina Anticorrupción, cuyas conclusiones aún se desconocen.
En paralelo, por el caso de las coimas en la Andis, este miércoles un plenario de comisiones del Senado buscará emitir dictamen sobre los pedidos de interpelación contra Karina Milei para llevarlos al recinto al día siguiente. En Diputados, el pleno podría aprobar la interpelación durante la próxima sesión, prevista para el 8 de octubre. Nadie espera que la funcionaria se presente; sin embargo, su ausencia puede constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
* Guillermo Francos: El jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta por el decreto del Poder Ejecutivo que suspendió la implementación de la Emergencia en Discapacidad. La intransigencia del gobierno desató un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y dejó a Guillermo Francos a tiro de la remoción. El mecanismo se inicia con un pedido de interpelación que debe aprobarse con mayoría absoluta en cualquiera de las dos cámaras. Como los expedientes aún no tienen dictamen, en la próxima sesión de la Cámara de Diputados la oposición deberá emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido para acelerar el tratamiento. Durante la interpelación, si las respuestas de Francos no convencen al pleno, la Cámara puede votar su destitución. En ese caso, la Casa Rosada ya advirtió que volverá a reponerlo en su cargo al día siguiente. Por ahora, al jefe de Gabinete lo sostiene la Coalición Cívica y los radicales de Democracia Para Siempre, que no quieren darle “argumentos golpistas” a Milei para que se victimice en medio de la campaña.
En la próxima sesión de Diputados también se votará el pedido de interpelación de funcionarios por el escándalo de coimas en la Andis. Ese listado incluye, además de Karina Milei, al propio Guillermo Francos y al ministro de Salud.
* Luis «Toto» Caputo: La oposición exige que el ministro Caputo vaya al Congreso a explicar el presupuesto. El año pasado, lo presentó el presidente Javier Milei para evitarle el mal trago a su ministro. La estrategia que delinea la oposición este año busca emplazar una citación a Caputo para obligarlo a asistir. Además los diputados quieren detalles del nuevo salvataje del Tesoro norteamericano. En las últimas horas el diputado Oscar Agost Carreño presentó un proyecto que busca introducir cambios en la Ley de Administración Financiera. La iniciativa establece que el ministro de Economía deberá concurrir de manera obligatoria a las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, en un plazo de entre 10 y 30 días hábiles a partir de la presentación del Presupuesto General de la Nación.
Más allá de la Ley de Leyes y del segundo auxilio financiero que el gobierno pide a los Estados Unidos en apenas seis meses, la oposición también cuestionó las últimas dos medidas desesperadas de Caputo: la eliminación de retenciones al agro —que habilitó un negocio millonario para un reducido grupo de cerealeras— y la vuelta parcial del cepo. En los últimos días se multiplicaron los pedidos de informes sobre estas decisiones.
* Juan Pazo (ARCA): El socialista Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación contra el titular de ARCA por la quita de retenciones al agro. La principal sospecha es que los exportadores declararon sin tener comprada la mercadería para aprovechar el beneficio. Paulón cuestionó que la medida “duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del Gobierno de Javier Milei”.
El ministro de Salud también deberá responder al pedido de interpelación que la Cámara Baja aprobará en los próximos días. De bajo perfil, Lugones está en la mira de los legisladores por las coimas en la Andis y por el rol de la ANMAT en las muertes provocadas por el fentanilo contaminado. El martes se constituyó la comisión especial que investigará esa tragedia. Los diputados tendrán tiempo hasta el 9 de diciembre para reunir pruebas y elevar sus informes. Lugones será citado también por esta comisión. En paralelo, el Senado impulsa pedidos de interpelación contra el ministro de Salud. Los dictámenes se firmarán el miércoles de la próxima semana.
¡Vetos y DNU afuera!
La Cámara Alta prepara una sesión para el jueves 2 de octubre. Ese día, el gobierno podría recibir dos nuevos golpes: el rechazo definitivo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría (conocida como Ley Garrahan).
En Diputados, la oposición se alista para rechazar la Ley ATN que impulsan los gobernadores y aprobar los cambios a la normativa que regula el uso de los DNU. Un golpe directo a la estrategia autárquica del oficialismo, que utiliza los decretos de necesidad y urgencia para saltear al Congreso. La sesión iba a convocarse para el próximo miércoles, pero la oposición quiere asegurarse el poroteo. Por eso, lo más probable es que se convoque para el 8 de octubre.
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