Los tribunales ya empezaron a recibir pedidos de represores que pretenden verse beneficiados con el fallo de la Corte Suprema, que exigió “indicios concretos” de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación para mantener detenidos a los acusados por crímenes de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos repudiaron la sentencia de los supremos y denunciaron que estaba en sintonía con el plan del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel de obtener beneficios para quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron. «Implica un retroceso inadmisible«, afirmaron y reclamaron que el Poder Judicial esté a la altura del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
En la víspera de las elecciones, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, recordados autores del fallo del 2×1, se despacharon con una resolución que pretende mostrar que se violaron las garantías en los juicios contra los criminales de la dictadura. Como no tenían el aval de Ricardo Lorenzetti, convocaron a dos conjueces: Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata) y Abel Sánchez (Cámara Federal de Córdoba).
Los supremos eligieron para mandar su mensaje el caso de Carlos Ernesto “Indio” Castillo, un integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que se encuentra detenido desde diciembre de 2013. Cuatro años después, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. Actualmente, Castillo está sentado en el banquillo en el juicio por los crímenes cometidos en la zona de 1 y 60, y próximamente se iniciará un nuevo proceso por crímenes adicionales de la CNU.
El argumento central apunta a que se abusó de la prisión preventiva. La ley 24.390, conocida como la ley del 2×1, establece que una persona puede estar detenida sin condena durante dos años. Ese plazo se puede prorrogar por un año más. En 2012, la Corte dictó el fallo “Acosta” que sostenía que, en casos de lesa humanidad, había que evaluar otras cuestiones para prorrogar esas detenciones, como la complejidad de las investigaciones y el tiempo de impunidad del que gozaron.
Castillo es uno de los 64 represores presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Otro de los moradores de esa unidad penitenciaria es Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo de Ejército. Suárez Mason (hijo) actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y tiene una condena a prisión perpetua –que aún no fue confirmada por la propia Corte Suprema.
Poco después de que se conociera el fallo de la Corte, el defensor de Suárez Mason Jr., Guillermo Fanego, le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que lo excarcelara por el tiempo que lleva detenido sin tener una condena firme. Deberán pronunciarse primero la fiscalía y luego el tribunal. Fanego reiterará sus planteos con otros de sus defendidos.
Suárez Mason había llevado su reclamo por este tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 rechazó su planteo. Con el fallo de la Corte, posiblemente Suárez Mason y otros tendrán posibilidad de insistir.
Al pichón de Suárez Mason lo detuvieron en noviembre de 2006, y en 2017 el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a prisión perpetua. En el interín, el 26 de diciembre de 2012, Suárez Mason Jr. hizo una presentación ante la Comisión en la que denunciaba, entre otras cosas, que llevaba muchos años encarcelado sin obtener una sentencia.
Mientras tanto, crece el repudio de los organismos de derechos humanos. «La prisión preventiva de los genocidas se extiende por el tiempo que insume investigar la gran cantidad de crímenes que cometieron, por la demora en la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la confirmación de las condenas. Esto es responsabilidad del Poder Judicial que la Corte encabeza», remarcaron.
«El fallo reciente de la Corte sobre la preventiva de Castillo está en sintonía con el plan del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel sostenida por un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y la Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, para conseguir distintos beneficios para personas investigadas y/o juzgadas por crímenes de lesa humanidad y poner fin a los juicios», añadieron.
Las estadísticas demuestran que la gran mayoría de los criminales de la última dictadura están en sus casas. Según la información publicada por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 454 represores en prisión domiciliaria —con comodidades tales como salir a caminar, ir a hacer compras en los días de ofertas o conseguir permiso para festejar los 60 años de casados en una iglesia—. A los 64 represores que están en Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos, debe sumarse que hay otros 22 detenidos en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El repudio de los organismos
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -responsables del 2×1 para genocidas- y los conjueces Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba) y Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata) de anular la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo.
El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden impunes, que los juicios sean realizados e impedir que los genocidas obstaculicen las investigaciones. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en la clandestinidad, valiéndose del aparato del Estado y con la participación de muchas personas, la mayoría de las cuales aún no fueron identificadas. De allí se deriva una gran complejidad para juzgar a sus responsables, que se refleja en el reclamo de Justicia que lleva más de 40 años.
Los genocidas y partícipes civiles siguen obstaculizando las investigaciones a través de los pactos de silencio con los que se niegan a aportar información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y de las 300 víctimas del Plan Sistemático de robo de bebés que siguen sin conocer su verdadera identidad. El pacto de silencio es un entorpecimiento de la investigación. No es una alusión genérica: es un hecho cierto y concreto, como lo es que desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. Desaparecer a testigos amedrenta a otros. En ambos casos se obstaculiza la investigación.
Desde que se reinició el proceso histórico de juicio y castigo, más de 100 genocidas identificados se fugaron de la Justicia, muchos de ellos aún permanecen prófugos hasta el día de la fecha. Por este motivo debió crearse un programa específico para buscarlos, que fue desmantelado por Patricia Bullrich.
Mientras la Corte se preocupa por limitar la prisión preventiva de los genocidas, casi la mitad de la población privada de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal está detenida bajo esta modalidad y en condiciones de hacinamiento.
La prisión preventiva de los genocidas se extiende por el tiempo que insume investigar la gran cantidad de crímenes que cometieron, por la demora en la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la confirmación de las condenas. Esto es responsabilidad del Poder Judicial que la Corte encabeza.
Específicamente, la confirmación de las condenas depende de la Corte, que elige discrecionalmente qué casos tratar y cuándo hacerlo, sin rendir cuentas a nadie. Entre otras, la Corte tiene pendiente la confirmación de la condena a perpetua de Castillo, por eso sigue en prisión preventiva.
El fallo reciente de la Corte sobre la preventiva de Castillo está en sintonía con el plan del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel sostenida por un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y la Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, para conseguir distintos beneficios para personas investigadas y/o juzgadas por crímenes de lesa humanidad y poner fin a los juicios. Implica un nuevo retroceso inadmisible.
A casi 50 años de la comisión de los crímenes de lesa humanidad, exigimos un Poder Judicial que esté a la altura y se tome con responsabilidad la investigación, juzgamiento y sanción de todos los genocidas y partícipes civiles.
Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asociación Buena Memoria – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
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