Por qué Pablo Laurta estaba libre con sus antecedentes

Pablo Laurta, el único imputado por el doble femicidio de Córdoba, estuvo apenas un mes preso, luego de esconderse en el techo de la casa de la vecina de su expareja durante tres días, para espiarla y controlara y quién sabe qué otros planes tenía en ese momento en relación a Luna Giardina, la madre de su hijo. Por entonces, ya tenía antecedentes de ser un hombre violento, la joven lo había denunciado, pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento y ella tenía un botón antipánico. La justicia cordobesa había escuchado a Giardina y la había protegido. ¿Se quedó corta en esa protección o hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el doble femicidio? 

Esta pregunta quedó flotando desde el miércoles 8 de octubre, cuando Laurta mató a balazos a Giardina y a la madre de ella, en esa misma casa del barrio de Villa Serrana de la capital provincial, donde habían sido acechadas por el fundador de la organización misógina uruguaya Varones Unidos. Casos como este –ahora el de la exbandana Lourdes Fernández– abren preguntas sobre qué puede hacer la Justicia para resguardar a una víctima de una pareja o expareja que la violenta. ¿Qué pasa cuándo quién está en riesgo no es famosa o su entorno –madre o amigas– no tienen acceso a los medios? ¿Hay víctimas de primera y de segunda categoría para la justicia?

Cuando están muertas, es tarde

La gran pregunta es si el Estado podría haber hecho algo más para proteger a Luna Giardina, de 26 años, y a su madre, Mariel Zamudio, de 56. Como ocurre en otros casos de mujeres que terminan siendo víctimas de femicidas, habiendo hecho denuncias, pareciera que la justicia actúa con más eficacia y rapidez –para apresar al agresor– cuando ellas ya están muertas. El Registro de Femicidios de la Corte Suprema de la Nación, con datos de 2024, muestra que el 18 por ciento de las víctimas directas había denunciado: es un porcentaje que a lo largo de los últimos años oscila entre el 17 y el 20 por ciento. En el resto de los casos, aunque no hayan llegado a pedir ayuda a la Justicia, es probable –muy probable– que haya habido señales que su entorno no quiso o no pudo identificar como una alarma.

Hasta hace tres semanas Luna Giardina vendía tejidos para sostenerse y estaba pensando en empezar la carrera de Agronomía. Laurta tenía una empresa de marketing digital –y acusaciones de estafas–, además de vociferar contra los derechos de las mujeres desde Varones Unidos. Llegó incluso a justificar el asesinato de dos niños a manos de su padre, un caso de violencia vicaria que conmocionó a Uruguay en el mes de setiembre. Según publicó La Diaria, de Uruguay, el tuit más criticado fue el que escribió el 4 de setiembre cuando Andrés Morosini ya había secuestrado a sus dos hijos y todavía estaban desaparecidos: “Nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de llevarse a sus hijos y a su mujer a donde le venga la gana. Ese es el significado de la patria potestad”. 

Más tarde el mensaje fue eliminado, pero quedó en decenas de capturas de pantalla de usuarios y usuarias que lo repudiaron. Luego, cuando se supo que el hombre había asesinado a los dos niños y se había suicidado, Laurta escribió en la misma red social: “Si hubiera podido llevarse a sus hijos libremente como todo papá debería, no hubiera terminado como terminó esa trágica historia. A esos chicos y a su papá los mató la judicialización sistemática de las familias, que es para controlarlas, no para proteger, como ves, a nadie”. En otro posteo, volvió a justificar: “Hay que considerar también que el hombre estaba atravesando una situación extrema que lo ponía en un riesgo real de perder a sus hijos. La desesperación de una situación así desequilibra a cualquiera. La judicialización familiar es tortura psicológica y terrorismo de Estado”.

Una denuncia y un final ¿anunciado?

Luna Giardina conoció a Laurta a finales de 2018, a través de redes sociales. Ella era apenas mayor de edad y él le llevaba casi diez años. El hijo de ambos nació el 14 de octubre de 2019. Nunca llegaron a convivir bajo un mismo techo, él viajaba a Córdoba cada tanto y ella, a Uruguay. Pero en una de esas visitas al país vecino, Giardina sufre situaciones de violencia. Al regresar a Córdoba, presenta una denuncia: fue el 17 de octubre de 2023 en la Unidad Judicial 19 de barrio Argüello, en la capital provincial –según detalló la periodista Virginia Digón en La Voz del Interior, donde relató agresiones físicas, psicológicas, restricciones y situaciones de control sobre su persona.

La justicia dispuso entonces una restricción de acercamiento para él y le entregó a ella un botón antipánico. También fijó una cuota alimentaria que Laurta nunca cumplió. Diez días después, el uruguayo ingresó al país con armas. Le incautaron una pistola calibre 9 mm y una 38, además de cargadores y municiones. Estuvo demorado y luego recuperó la libertad, informó Digón. Dos meses y días después, el 8 de enero de 2024, es cuando Laurta se queda agazapado en el techo de una casa contigua a la de su expareja, violando la restricción de acercamiento. Vecinos alertan de su presencia y queda detenido un mes.

¿Por qué razón lo liberaron con los antecedentes que ya constaban en la justicia? Le hicieron una pericia psicológica y la conclusión fue que comprendía la criminalidad de sus actos, no presentaba factor psicopatológico grave ni antecedentes penales. Ni resultaba peligroso para él ni para terceros. Fue liberado el 8 de febrero de 2024.

“¿Qué tan formada es la profesional que le hizo la pericia? ¿Con qué parámetros y bajo qué protocolos realizó la evaluación de riesgo? ¿Tuvo presente dinámicas propias de la violencia de género? ¿Tiene perspectiva de género? ¿Es la misma evaluación para cualquier persona acusada de un delito o se contempló el contexto de violencia de género que tenía de antecedente?”, se pregunta en diálogo con Página/12 la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. “Tenía una denuncia por violencia, luego ingresó con armas al país y estuvo tres días acechando a su expareja, llama la atención que esas circunstancias no sean valoradas como indicadoras de riesgo”, agregó la especialista.

Las alternativas 

Fuentes de la justicia cordobesa indicaron que a Giardina se le ofreció en ese momento ingresar a un refugio. Se trata de una alternativa pensada cuando hay un riesgo alto o altísimo para la mujer, es decir, si realmente existió ese ofrecimiento resulta contradictorio con la pronta liberación de Laurta, analizó Asensio. El ingreso a un refugio significa para las mujeres un régimen de aislamiento que muchas no aceptan porque sus hijos deben interrumpir sus actividades habituales –como la escuela– y ellas, dejar de trabajar: viven encerradas. Y si el riesgo era alto, “¿Por qué no se le colocó una tobillera a Laurta antes de liberarlo? ¿o por qué no se dispuso una custodia policial?”, se preguntó Asensio. Esa, señala, hubiera sido una medida adecuada.

“En situaciones de alto riesgo no alcanza una perimetral ni un botón antipánico. Hay que ser más contundente”, coincidió Fernanda Tarica, de la organización Shalom Bait, que acompañan a víctimas de violencia de género.

“El botón antipánico –objetó Asensio– sirve poco o nada porque la mujer debe estar alerta por si el agresor aparece, a veces no funciona, a veces no llega el patrullero a tiempo”. “¿Por qué no tenía una custodia en la puerta de su casa si se había evaluado un riesgo alto”, se preguntó Asensio.

“Que la protección tenga que administrársela la propia víctima es algo que el Estado no debería pedirle. Para empezar lo que puede hacer es poner el foco en los agresores”, agregó Tarica. Por la experiencia de escuchar a mujeres en situación de violencia, Tarica explicó que muchas veces “no tienen claro cómo protegerse y todo lo que la pareja agresora le dice puede llegar a tener más peso que lo que le pueden decir amigas, la madre o incluso el Estado. Entonces, por un lado, se debe hacer el seguimiento del agresor y, por otro, acercarle a la mujer recursos”.

Las denuncias de violencia de género todavía se siguen minimizando. “Las articulaciones interinstitucionales para las respuestas estatales a las violencias no existen en la actualidad. Las órdenes de restricción son prácticamente el único dispositivo judicial y en vez de marcar el inicio de un proceso, implican lo último que se hace por la víctima. Los jueces no cumplen sus obligaciones de seguimiento y tampoco citan a los denunciados como indica la ley. Si a las dificultades para prevenir la violencia le sumamos el negacionismo nacional con el tema, es obvio que los femicidios aumentarán”, cuestionó la abogada Soledad Deza, de la Fundación Mujeres x Mujeres, de Tucumán.

El Estado tiene oportunidades de proteger a las víctimas pero muchas veces las desaprovecha. En el caso de Lourdes Fernández, hubo una actuación más veloz, –seguramente porque se trataba de una famosa– aunque el fiscal demoró varias horas el allanamiento al domicilio de su pareja donde se presumía que ella estaba secuestrada.

A pesar de que la violencia de género se trata de un problema extendido –y existe, aunque el presidente y su Gobierno, la sigan negando–, el Estado muchas veces prefiere mirar para otro lado.