Un amparo en defensa del Garrahan

Este viernes la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación presentó la primera acción de amparo colectivo en favor de los menores de edad que reciben tratamientos en el Hospital Garrahan, asediado por la falta de presupuesto y los frenos políticos a la Emergencia Pediátrica Nacional. 

Esta decisión pretende defender el derecho constitucional a la salud de las niñas, niños y adolescentes que se atienden en el hospital pediátrico más importante de la Argentina, frente a «los groseros recortes presupuestarios con impacto directo en la calidad del servicio de salud» provocados por el gobierno nacional de Javier Milei.

El documento interpuesto en este contexto da cuenta de que el 2 de octubre de 2025 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.796 que declaraba la Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica en todo el territorio nacional por un año, instando al Estado argentino a dar «un incremento en las partidas presupuestarias asignadas al Hospital». Sin embargo el escrito también recuerda que el gobierno libertario frenó el aumento presupuestario y condicionó su promulgación al generar una nueva traba mediante el decreto 760/2025. De esa forma desafió al Poder Legislativo a comunicar cómo se financiaría esa emergencia, sin hacerse cargo de sus tareas como Poder Ejecutivo.

Frente a esta decisión la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realiza la acción para que se declare la inconstitucionalidad del decreto gubernamental debido a que, afirman, «una vez que el Congreso decide insistir en la sanción de una ley previamente vetada el Poder Ejecutivo no tiene otra opción que proceder a su promulgación sin condición alguna«. Por ello le reclaman al gobierno que promulgue la Emergencia Pediátrica evitando condicionamientos presupuestarios. 

De esta forma, expresan en el documento, se garantizaría nuevamente la atención de calidad para las niñas, niños y adolescentes que son atendidos en el Hospital Garrahan. En ese camino también enfatizan sobre la importancia de la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación que creaba el artículo 7 de la Ley 27.796. Actualmente el cuerpo judicial que interviene sobre la acción interpuesta es el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, pero en el mismo documento se advierte que «nos encontramos ante un caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

El amparo en primera persona

En comunicación con Página/12 la Directora de exigibilidad de Derechos y Litigios de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNyA), Clarisa Adem, señaló que «el amparo es un juicio que lo hace la Defensoría como organismo de derechos humanos de niños» y explicó que veían al hospital pediátrico «con desfinanciamiento y con muchas renuncias». En ese contexto comenzaron a realizar los pedidos de informe y análisis presupuestario de cómo estaba el Garrahan.

La preocupación más grande era ver cómo esta falta de presupuesto terminaba «impactando en los servicios que atienden a los chicos en las situaciones más graves», junto a cómo se modifican los horarios, las atenciones y demás por la falta de profesionales con capacitaciones específicas. Sin embargo el tema llegó al Congreso de la Nación con el derribo del veto presidencial incluido.

«Una vez que el veto se da vuelta con las mayorías desagregadas que le pide a la Constitución, el Poder Ejecutivo no tiene más que promulgarla y ponerla en funcionamiento», subraya Adem retomando al artículo Nº83 de la Carta Magna. Para la integrante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes el camino seguido por el gobierno libertario «es ilegal e ilegítimo» y sostiene que su argumento es falaz «porque no hay presupuesto hace dos años», lo que llevó a movilizar constantemente partidas presupuestarias.

«Entendemos que es una cuestión de voluntad política», critica Adem. Por este motivo la DNNyA pide a la Justicia que se obligue «al Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Emergencia Pediátrica para que funcione como funcionaba antes», con calidad de atención y sin renuncias masivas por bajos salarios de profesionales. Además, la Directora de exigibilidad y litigios de la DNNyA reconoció que, a través de informes, vio que «hay obras como la de emergencia y la de trasplante de médula ósea que están detenidas hace mucho tiempo tiempo» producto de la desinversión en salud. A su vez denunció que en este contexto hubo «turnos que se daban dentro de dos meses y se terminaron dando al cuarto mes» y que, en el camino, quedaron comités que no atendían directamente a los pacientes, pero que sí analizaban medicamentos de alto costo.

La parte legal

Consultada por los avances legales que pueda tener el amparo, Clarisa Adem precisó que la primera búsqueda es «que el juez diga que es admisible y le va a dar trámite». En ese caso se publicará en el Boletín Oficial para dar aviso a los interesados. «Es un periodo de semanas donde se llama a quienes estén interesados a venir y decir algo al respecto», describe la entrevistada. Sin embargo, lo prioritario es «que se cree esta Comisión de Seguimiento y Evaluación que armaba la ley», para que colabore con los análisis previos.

Por último la integrante de la DNNyA expresó que frente a una posible negativa del juez, irán «directamente a la Corte Suprema por la gravedad institucional de discutir derechos convencionales y constitucionales». De todas formas la Emergencia Pediátrica tiene un antecedente favorable muy reciente con la decisión de un juez federal de Campana por el caso similar con la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya que consideró que el Poder Ejecutivo se arrogaba funciones legislativas que no le corresponden.

«Hay un contexto absolutamente regresivo en lo que sea política públicas en general y con mayor impacto en la niñez y en la adolescencia», reflexionó la trabajadora de la DNNyA aludiendo a comedores, índices de indigencia, las campañas por vacunas, ley de etiquetado y salud sexual y reproductiva. «Apuntan a que exista menos presencia del Estado y menos políticas públicas en la población más vulnerable que tenemos: niños con padecimientos de salud», concluyó Adem.