Contra la baja de la imputabilidad

Este martes estaba programada una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación para definir el dictamen para tratar la baja de la edad de punibilidad. Si bien el proyecto ya había logrado consenso entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas, la reunión se suspendió porque la oposición logró quorum para tratar –y aprobar– la creación de la comisión investigadora del Caso $LIBRA. De todas formas, la Mesa de Articulación de Niñez se juntó en el Congreso a visibilizar la vulneración de derechos que implicaría que avance la ley de imputabilidad.

Un grupo grande de personas empezó a pasarse pecheras verdes con la leyenda «el hambre es un crimen» y el logo de la mesa de articulación. Uno de ellos sacó un megáfono rojo para abrir la radio abierta y otros se dispersaron por los laterales del Congreso a repartir volantes y hablar con la gente que pasaban.

Magui Pano, referente del Foro por los Derechos de la Niñez –una de las más de 200 organizaciones y especialistas en niñez que pertenecen a la Mesa– explicó: «por los datos que tenemos, hay una gran posibilidad de que salga por mayoría de la Comisión de Niñez el proyecto presentado por el oficialismo con algunas modificaciones. Los acuerdos de algunas fuerzas como el Frente Renovador y la UCR negociaron que la baja no sea a los 13 sino a los 14 y le hicieron algunos arreglitos a ese proyecto que nosotros consideramos absurdo». Para ella, en el proyecto del ejecutivo no están dadas las garantías procesales para los jóvenes y niños.

Además, resaltó: «el caso de los (niños y adolescentes) que cometen delitos es el 0,025%. Es ínfimo, pero también tiene que ver con que el estado no se hace cargo». El abandono del Estado se repite en los discursos. María Elena Naddeo, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) advirtió: «el sistema penal no es la solución para los pibes y para las pibas: sólo aporta más dolor que sería una inversión de recursos para crear más cárceles y más dispositivos de encierro y juzgados. La verdad que queremos que toda esa inversión se dedique a educación, a los equipos interdisciplinarios de las escuelas, a los programas de prevención de adicciones».

Naddeo agregó: «Hay que apuntar la energía política del Estado en las barriadas, la violencia social, el desamparo, el abandono y las redes del narcotráfico. Por eso le decimos que no a bajar la edad y sí a invertir en educación y en el sistema de protección integral».

La semana pasada el gobierno nacional desmanteló el programa de protección AUNAR FAMILIAS de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que, como todo organismo del Estado, viene sufriendo recorte de personal. «Este gobierno tiene como objetivo criminalizar porque es muy fácil encerrar a los pibes en las cárceles y desmantelar los programas de prevención, que son en los que más cuesta medir los resultados. Como el AUNAR que le daba un respaldo a la familia ampliada para los chicos que están privados de sus padres por distintos motivos (son huérfanos o sus padres han delinquido y están presos). Les daba un respaldo económico y social a la familia ampliada, los abuelos, los tíos que se encargaban de los niños. Bueno, eso es lo han destruido. Están destruyendo las políticas sociales y la verdad que va a costar mucho reconstruirlas», señaló con pesar Anadeo.

El Estado presente

Amilia Marrón sostenía frente al Congreso un paraguas de la APDH y justificaba la actividad: «Es un momento crucial en el cual la sociedad y particularmente este gobierno se pone de punta con las juventudes, cuando no tiene ninguna opción para darles, cuando el estado está desarmando la mayoría de los programas de asistencia y cuidado a niñas, jóvenes y adolescentes y a las familias. En vez de acompañarlos, ayudarlos, educarlos, lo que estamos buscando es meterlos en una cárcel».

Un grupo de jóvenes se sumó a la radio abierta a volantear. Eran de la Aldea Jóvenes para la Paz del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), un proyecto educativo-productivo estatal. Rocío de 17 años describió esta política que garantiza los derechos de las infancias y juventudes: «lo más lindo es que vos llegás ahí y es alegría. Todavía me sigo preguntando cómo hacen (los trabajadores del SERPAJ) para sacar de tanta alegría, tanta risa de verdad».

«Los chicos son emergentes de esta sociedad violenta», decía una referenta de la Mesa con el megáfono mientras pedía que cuando sea el momento, los diputados y senadores voten recursos para mejorar la vida (salud y educación) y no para más represión. La siguiente en tomar la palabra fue Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidades de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma (CTA-A). «Les importa que nazcan, pero no cómo viven», apuntó Cruz recordando la posición de gran parte de los que apoyan el proyecto, en ocasión del debate de la ley de interrupción del embarazo.

«Hay que preguntarse qué hace una criatura de 10, 11, 12 años con una pistola en una mano, ¿dónde lo consigue? ¿en la verdulería? La policía está atrás de todo eso. Nuestros pibes son la caja de ellos. La justicia también está entongada en todo eso» denunció Cruz y agregó:: «que vayan a discutir sobre la vida, no sobre la muerte de nuestros pibes». Cruz continuó: «Con una ley como esta, no sólo el presente está en riesgo, sino también el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país». El aire se tensó al lado del Congreso.

«En lo colectivo, en lo fraterno, en lo amoroso y en el abrazo construimos juntos nuestros pibes y a nuestras pibas, el futuro, el presente y el mañana. Porque es en ese abrazo que da el educador donde nuestros pibes pueden tener ese día una sonrisa y un abrazo. Así que estos no van a poder y no debemos dejarlos poder caminar en ninguna provincia de este país. Ponen a nuestros pibes presos solamente para darle el gusto a unos criminales genocidas que gobiernan la Argentina. Las leyes van a caer. Y nuestros pibes y pibas un día en Argentina van a volver a ser felices con presente y con futuro», terminó de decir Cruz para fundirse en una ovación.

Informe: Natalia Rótolo.