El ajuste llegó a las políticas de lucha contra las adicciones

El gobierno avanza con un ajuste sobre las políticas de lucha contra las adicciones. Desde agosto cerró cerca de cincuenta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), que atendían de manera gratuita a personas con consumos problemáticos. Estas casas son gestionadas por movimientos sociales, la iglesia y organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios con el Sedronar; muchas de ellas funcionan en barrios populares, donde reciben a jóvenes con problemas de consumo y personas en situación de calle para acompañarlos en sus procesos de recuperación. El argumento con el que el Sedronar las está cerrando es que detectó irregularidades en una serie de auditorías; sin embargo, desde las organizaciones denuncian el uso de datos falsos e incluso casos de cierres sin ninguna auditoría.

Lo concreto es que desde el Ministerio de Salud adelantaron extraoficialmente la intención de ajustar a las Casas de Atención y Acompañamiento en 500 millones de pesos, lo que implicaría no sólo que se perderán las 50 Casas ya cerradas, sino que podría haber más bajas.

Protesta frente al ministerio

Para defender este programa que tiene 16 años de desarrollo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se movilizó frente al ministerio de Salud. Usuarios de las casas, sus profesionales y coordinadores entregaron un petitorio en el que plantearon la importancia de mantener estos espacios.

“Llegué a Vientos de Libertad buscando una internación”, contó allí Magalí Chávez a Página/12. Agregó que venía de estar internada en una granja de donde fue expulsada; en la Caac la recibieron y contuvieron para que pudiera continuar con su proceso. Va allí de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. En su centro trabajan una psicóloga, una trabajadora social y terapistas. El lugar no sólo es gratuito, sino que provee a quienes concurren del desayuno, almuerzo y la merienda. «Hacemos talleres, le damos mucha importancia al armado del grupo humano. Los que ya nos recuperamos ayudamos a los nuevos: venimos de la línea de fuego y laburamos desde nuestra experiencia,  sabiendo por lo que están pasando los compañeros», agrega Emanuel Fernández, referente de la CAAC. 

A mediados de año había 583 Casas de Atención y Acompañamiento en todo el país. El programa estipula que tengan tres profesionales y otorga un presupuesto mensual que, de acuerdo al lugar, puede variar entre los 2 y los 6 millones de pesos mensuales, con el que debe cubrirse todo, desde el alquiler y la comida a los sueldos. Como su monto fue desactualizado durante la gestión de Milei, muchas Casas vienen con dificultades para sostenerse, a lo que se suma ahora la incertidumbre sobre su futuro. 

Entre las casas que fueron cerradas está la de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes. En su caso, con una maniobra típica del mileísmo: el argumento fue el de presuntas irregularidades, pero desde hace dos años que no se presenta en el lugar ninguna auditora. Es decir, una vez que asumió el gobierno de Milei, el Sedronar dejó de auditar la Casa de Atención y Acompañamiento, posiblemente por falta de personal tras los despidos en el Estado. A esa CAAC de Santa Lucía concurrían 26 chicos con problemas de consumo y otras vulnerabilidades. El lugar más cercano para continuar con sus procesos les queda a 40 kilómetros.