El Gobierno agiliza denuncias contra obras sociales y prepagas: qué cambia desde hoy

Para quienes atraviesan el laberinto burocrático de las obras sociales y prepagas, cada demora en una prestación médica es mucho más que un trámite: puede costar calidad de vida, dinero y tiempo irrecuperable. En ese contexto, el Gobierno anunció una reforma del sistema de denuncias en salud que busca agilizar los reclamos y reforzar el control sobre las entidades.

A través de la Resolución 951/2025, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud implementó un nuevo procedimiento que reduce plazos, simplifica intimaciones y actualiza las sanciones. Desde ahora, obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán responder los requerimientos oficiales en un máximo de cinco días corridos. Además, las denuncias deberán resolverse en 30 días hábiles, un cambio drástico frente a los expedientes que hasta ayer podían dormir hasta dos años.

Más multas y un ranking público

La medida también endurece las sanciones. Las multas pasarán a oscilar entre 5 y 100 módulos –cada uno equivalente al haber mínimo jubilatorio–, y se activará un Ranking Público de Cumplimiento. 

Así, los beneficiarios podrán consultar qué tan eficiente es cada entidad frente a los reclamos de sus afiliados.

Respuesta rápida y medidas excepcionales

Para los casos de incumplimientos graves o sospechas de irregularidades, la Superintendencia se reserva la facultad de imponer sanciones excepcionales o incluso suspender registros para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Este nuevo esquema reemplaza normativas desactualizadas y se inscribe en el ajuste administrativo impulsado por el Ministerio de Salud. Aunque promete mayor celeridad y transparencia en la gestión de reclamos a prepagas y obras sociales, resta ver si la medida logra traducirse en una mejora concreta para los pacientes, que siguen siendo los más perjudicados en el desordenado sistema de salud.

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