El Gobierno nacional estableció por decreto la desregulación del mercado eléctrico, modificó marcos legales que existían desde tiempos de las privatizaciones del menemismo y habilitó la participación privada en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
Las nuevas normativas publicadas este lunes en el Boletín Oficial, indican, por ejemplo, que los particulares podrán realizar un tipo de contratación delivery y unilateral con el productor o comercializadora de energía, sin intermediación que garantice la seguridad, el acceso y la calidad de la prestación. Este punto en particular genera inquietud entre especialistas en la defensa de usuarios y consumidores.
«Hace más de 30 años que en nuestro país esto no era así, hay condiciones y regulaciones por reglamento de suministro, que otorgan derechos y deberes tanto a prestadores como consumidores. Por eso, esto es inédito e impensado. Y nos preocupa si se van a proteger verdaderamente los derechos, principalmente por la características de seguridad y acceso que deben cumplir los servicios públicos domiciliarios, esenciales para la vida humana», afirmó a PáginaI12 Fernanda Lacey, abogada y miembro de la Unión de Usuarios y Consumidores.
En concreto, la disposición a la que hace referencia sostiene: «Sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores por su habilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las condiciones de transacción». La «libre elección del proveedor». Según el texto oficial, evita a los usuarios obstáculos y trabas operativas. Pero, ¿quién garantiza que estas prestaciones funcionen de manera correcta?
El decreto 450/2025, enmarcado entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases, «cambia radicalmente las condiciones que conocemos, al menos desde las privatizaciones de los años 90, cuando con el debido tratamiento y debate, por ley del Congreso se establecieron las características de los servicios que comenzaban a regir en ese momento», agregó la abogada.
Además, advirtió que «es exagerada la cantidad de normativa» para el anexo de un decreto y manifestó que la fusión de los entes Enargas y Enre «hasta puede resultar lo menos grave» porque ya anunciaron que van a salir nuevas resoluciones para la aplicación de estas reformas.
«Con la información actual aún no sabemos cómo va a funcionar la modalidad de contratación que plantean y estamos estudiando con lupa cada uno de los detalles. La liberación del mercado energético es sólo el puntapié inicial, nos preocupan cuáles van a ser todas las condiciones», señaló Lacey.
Entre las reformulaciones a las leyes 15.336 y 24.065 que incluyó la norma se encuentran la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, la prohibición de que las facturas agreguen «tributos de orden local o cargos ajenos» a los bienes y servicios ofrecidos, y la licitación de obras con inversión privada.
Nucleoeléctrica Argentina S.A
El rediseño del sector energético de la gestión Milei también abarca al ámbito nuclear. Con la habilitación a la participación de capitales privados en la estructura accionaria de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), los inversores tendrán incidencia en la explotación comercial de la actividad: «Nadie invierte si no va a ganar», remarcó una fuente experta consultada por Páginal12.
Salvo excepciones, por razones delicadas de seguridad, en la mayoría de los países del mundo la generación de este tipo de energía se mantiene en manos del Estado. Pero la Libertad Avanza tomó otro camino para, de acuerdo a lo establecido, obtener financiamiento y alianzas con consorcios privados sin alterar la totalidad de los títulos estatales sobre los activos.
«El riesgo del ingreso de capitales o de una privatización, aunque no total, es que bajen los estándares de seguridad, porque lo más caro de las centrales es eso, garantizar la seguridad y generalmente los capitales privados buscan un mayor margen de rentabilidad y siempre recortan por ese lado», aseguró la fuente a este diario.
Y recordó el accidente del 2011, en Fukushima, Japón, tras el terremoto y tsunami: «La operadora TEPCO sabía que la central estaba ubicada en una zona de riesgo y, sin embargo, redujo las medidas de los postes para abaratar costos que hubieran prevenido el desastre. Una falla evitable que se generó por priorizar los negocios».

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