Una maestra jardinera de un colegio público del barrio porteño de Boedo tiene un pedido de captura internacional tras haber estafado a sus compañeros utilizando sus tarjetas de crédito y débito. Los perjudicados percibieron que sus cuentas bancarias tenían gastos desmedidos y reiterados que abonaban a los mismos locales y en montos similares.
Los damnificados realizaron la denuncia con el objetivo de reconstruir los pasos de la operación delictiva y la investigación recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº5, especializada en Ciberfraudes y liderada por Miguel Ángel Kessler. Además, se delegaron parte de las tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), cuyo personal participó de las pesquisas para descubrir la identidad de la o las personas involucradas en el caso.
La investigación
Los trabajos de investigación registraron 105 compras sospechosas. Estas transacciones se habían dividido entre comercios a la calle, plataformas de juego en línea y pasajes de avión. En total se habían gastado $3.688.287,67 según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Posteriormente se pidió información a las entidades bancarias de las víctimas para tener un mayor conocimiento de las transacciones y se realizó un mapeo de los comercios a los que se transfirió dinero para detectar una cercanía geográfica. Esta herramienta reforzó la sospecha contra una de sus compañeras. Es que tras esta parte de la investigación los perjudicados coincidieron en que su estafadora podía ser una docente curricular que estaba haciendo una suplencia para el nivel inicial, por lo que no formaba parte del plantel original de docentes que dan clases en ese colegio.
Fuentes de la investigación reconocieron que «se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser los padres de la sospechosa». En esta instancia también se descubrió que estas plataformas fueron utilizadas para multiplicar el dinero y finalmente desviarlo hacia cuentas de control y titularidad de la familia beneficiada por las estafas.
De todas formas, en medio de las pesquisas la Dirección Nacional de Migraciones destacó que «la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha». Por eso se libró una orden de captura internacional.
La devolución
El padre, acusado por el delito de «defraudación mediante uso de tarjeta magnética», correspondiente al art. 173 inc. 15 del Código Penal, reconoció su culpabilidad y pactó un Acuerdo de Autocomposición con la Fiscalía, por lo que restituyó el dinero de los 22 hechos en los que él participó. Además se sumaron los intereses, por lo que el hombre se vio obligado a reembolsar poco más de $1.200.000 en favor de las personas a quienes estafó.
La causa todavía está en manos de la Fiscalía especializada en Ciberfraudes debido a que se maneja la hipótesis de que la sospechosa podría haber cometido delitos similares contra docentes de otros establecimientos educativos en los que haya realizado suplencias. El expediente continúa abierto, con trabajo nacional e internacional.
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