En ese expediente se pretendía declarar que las acciones de las organizaciones político-militares de los ’70 eran crímenes de lesa humanidad, como los que perpetró el Estado a través del sistema de tortura, muerte y desaparición de personas. Era un reclamo impulsado por Arturo Larrabure, asesor de Luis Petri en Defensa, y por Victoria Villarruel, entre otros.
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