En un giro que los defensores de derechos civiles han calificado de alarmante, la Corte Suprema de Texas dictaminó que los jueces estatales pueden negarse a oficiar ceremonias de matrimonio de parejas del mismo sexo amparándose en sus creencias religiosas. Con esta decisión, la igualdad matrimonial en el estado del sur estadounidense queda expuesta a tensiones profundas entre libertad de conciencia e imperativo de trato igualitario.
El pasado viernes, los nueve jueces republicanos del tribunal aprobaron una modificación al Canon 4 del Código de Conducta Judicial de Texas. Según la nueva línea introducida: “No es una violación de estos cánones que un juez se abstenga públicamente de realizar una ceremonia de boda basada en una creencia religiosa sincera”.
La enmienda entró en vigor de inmediato.
Los críticos de la medida plantean que esta decisión abre una puerta peligrosa: si los jueces pueden negarse por motivos religiosos a oficiar ciertos matrimonios, ¿qué pasa con la garantía de igualdad ante la ley?
Desde la organización GLAD Law, su director legal, Josh Rovenger, señaló que si bien igualdad matrimonial y libertad religiosa pueden coexistir, la decisión de Texas no parece dentro de ese marco equilibrado: “permite que jueces que han jurado defender la Constitución se excusen del deber de servir a ciertos ciudadanos en función de su fe personal”.
Legalistas advierten que socavar la obligación estatal de los jueces de actuar imparcialmente puede erosionar la confianza pública en la institución judicial.
El dictamen llega en un momento en que el estado de Texas se encuentra en la avanzada de una embestida legislativa contra derechos LGBTQ+. En septiembre, el gobernador Greg Abbott firmó una ley que prohíbe el uso de baños en instalaciones estatales conforme a la identidad de género de personas transgénero.
Asimismo, la difusión de debates académicos y la presión sobre instituciones universitarias han generado un clima que algunos describen como “restringido” para la diversidad sexual.
En este contexto, la modificación del reglamento judicial no puede verse aislada: parece formar parte de una estrategia más amplia para redefinir la extensión práctica de los derechos LGBTQ+ en el estado.
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