A través de sus organismos abocados a la cuestión social, las autoridades de la Iglesia Católica hicieron un llamado al diálogo destinado a resolver los problemas que aquejan a los jubilados, repudiaron la represión contra quienes manifiestan cada miércoles en el Congreso y demandaron que se garantice el libre ejercicio del derecho a reclamar.
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