La Justicia resolvió realizar una audiencia sobre Vázquez Sarmiento a pesar de su fallecimiento

El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín rechazó el pedido de les hijes de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, secuestrades y torturades en lo que fue la Regional de Inteligencia Buenos Aires, de continuar en el juicio de lesa humanidad que se le seguía al represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento hasta su muerte, sucedida el mes pasado. Para cumplir con el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, los jueces resolvieron realizar una audiencia luego de que emitir sentencia en el debate en curso, en el que otros cuatro integrantes de la Fuerza Aérea continúan rumbo a recibir condenas por violaciones a los derechos en el circuito represivo que dirigió el arma en la zona oeste del gran Buenos Aires.

“La decisión del Tribunal es interesante porque plantea una luz a futuro que puede llevar a la Argentina, otra vez, a ser punta de lanza en un tema sobre el que no hay mucho camino trazado”, evaluó el abogado Pablo Llonto, que representa a Mariana Eva Pérez en su querella judicial por el secuestro de su mamá y de su papá, así como por el de ella misma. La patota que aquel 6 de octubre de 1978 los capturó también la tuvo a ella en sus manos durante algunas horas, hasta que la entregó a la familia paterna. Su hermano, Guillermo Pérez Rosinblit, nació en la ESMA un mes después y fue apropiado.

Para que el derecho a la verdad prime sobre la determinación de responsabilidades penales, lo primero que tiene que haber es impunidad. Tras permanecer prófugo durante casi 20 años, Vázquez Sarmiento, fue capturado en 2021. Recién entonces, el represor y apropiador que se desempeñó en la inteligencia de la Fuerza Aérea, comenzó a desfilar por juzgados y tribunales. Antes de finalmente ocupar el banquillo de los acusados por su desempeño en la RIBA, un proceso en el que estaba acusado del secuestro de Patricia y José,y el de Gabriel Pontnau, secuestrado junto a elles –un caso que llegaba a los tribunales por primera vez–, fue condenado en un juicio administrativo por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro. Preso en la cárcel de Ezeiza fue uno de los genocidas que recibió a la comitiva de diputados oficialistas en julio pasado. El debate oral por el desempeño de la patota de la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano le iba a dar una segunda condena, pero su estado de salud se deterioró. A mediados de febrero pasado fue internado y dos días después falleció.

La querella de Mariana Pérez fue la primera en solicitar su permanencia en el juicio oral a pesar de la extinción de la acción penal por el fallecimiento de Vázquez Sarmiento. Llonto pidió conservar la calidad de Pérez de querellante y de alegar “en vista de hacer valer el ejercicio del Derecho a la Verdad que posee la víctima Mariana Eva Pérez, ya que la finalidad de todo proceso penal no solo está destinado al castigo de los autores de los crímenes como Vázquez Sarmiento, sino a la averiguación de la verdad, no como antecedente necesario de la pena, sino como un objeto en sí misma”. “Queríamos seguir porque no nos interesa solamente que Vázquez Sarmiento tenga una condena, sino también poder recoger información sobre qué pasó con los padres de Mariana, con ella también, quiénes otros integraron la patota de la RIBA”, apuntó el abogado.

“Si bien se lo pudo condenar por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, es una pena porque, como consecuencia de todo el tiempo que permaneció prófugo, murió impune por los crímenes que tuvieron a la familia Roisinblit como víctima. Él estuvo identificado desde los inicios y teníamos la esperanza de que se pudiera obtener justicia por todos estos hechos”, apuntó la abogada Carolina Villella, de Abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, Vázquez Sarmiento debió haber sido juzgado en 2016, cuando se llevó a cabo el primer debate oral y público por lo sucedido en la RIBA, pero estaba prófugo. La querella del organismo, que representa a Guillermo Pérez Rosinblit en el juicio por el circuito represivo de Zona Oeste, se sumó al pedido de Llonto para poder continuar en el debate tras la muerte de Vázquez Sarmiento. Tanto la Fiscalía, en cabeza del fiscal Félix Crous, como las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría de derechos humanos bonaerense y la asociación “Moreno por la Memoria” respaldaron el pedido.

A primera hora de este martes, antes de que comenzara una nueva audiencia del juicio, el TOF comunicó a las partes que no las habilitaría a seguir participando. Las juezas María Claudia Morgese Martin y Silvina Mayorga y el juez Walter Venditti reconocieron el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, pero tal cuestión “no puede operar en perjuicio de la garantía del debido proceso plenamente vigente respecto de los restantes imputados que continúan sometidos a juicio oral y público, a la espera de una sentencia definitiva”.

Una alternativa novedosa

Tal como lo hicieron varios tribunales anteriormente, les magistrados podrían haber cerrado la cuestión ahí. Sin embargo, fueron creativos y resolvieron en el mismo dictamen que “oportunamente y con la integración de los jueces naturales de este Tribunal, se lleve a cabo una audiencia oral en la que se ventile la prueba conducente para establecer la materialidad de los hechos investigados en perjuicio de Patricia Julia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Gabriel Pontnau”. La audiencia se llevará a cabo, según lo estableció el TOF 5, una vez que se dicte sentencia en el juicio en curso.

Mientras en Argentina primó la impunidad para responsables de la última dictadura, por iniciativa de organismos de derechos humanos se logró la realización de juicios por la verdad en cuatro jurisdicciones del país. En cada una fue distinta, en algunas el proceso fue escrito, en otras las audiencias fueron orales. Hace algunos años, se aplicó la misma forma de reparación en la Masacre de Napalpí. El pedido de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas es un argumento que se utiliza en juicios de lesa humanidad en curso cuando los acusados fallecen o quedan fuera de debate por impedimentos de salud, con más o menos recepción por parte de los jueces a cargo.

La forma que eligió el TOF 5 “es novedosa, algo que hasta ahora no se ha llevado a cabo”, apuntó Llonto, quien insistió en que la resolución tiene “un punto triste, que es quedar afuera del debate, no poder seguir preguntando, no poder alegar, pero otro interesante que es esta herramienta que proponen en pos del reconocimiento del derecho de las víctimas”. Por su novedad, las partes querellantes desconocen de qué manera se desarrollará la audiencia y qué clase de prueba podrá desarrollarse allí. En el juicio oral en curso, por ejemplo, restaban por oírse los testimonios de los nietos restituidos Guillermo y Ezequiel, pero también los de Leonardo Pontnau, hijo de Gabriel, y otras personas que iban a declarar por primera vez. No saben qué decidirá el TOF sobre esta prueba que no pudo producirse.

Sin embargo, Llonto insistió en que “la novedad es interesante” porque es “una forma de ir escribiendo cómo proceder” en cuestiones de derecho a la verdad, “algo que no está demasiado explorado en el mundo”.