La ONU y HRW repudian el operativo policial en Río de Janeiro

Distintos organismos de derechos humanos pidieron este martes al gobierno de Río de Janeiro explicaciones por la operación policial realizada en varias favelas de la ciudad, que dejó al menos 64 muertos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó estar horrorizada por los hechos.

«Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil», indicó en una publicación en redes sociales la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Turk. «Recordamos a las autoridades sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos e instamos a que se realicen investigaciones rápidas y efectivas», recalcó.

«Enorme tragedia»

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) Brasil calificó de desastre el operativo policial y pidió a la Fiscalía investigar las circunstancias de cada muerte. «Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 residentes y policías es una enorme tragedia«, expresó el director de HRW en Brasil, César Muñoz, en una declaración escrita enviada a la agencia de noticias EFE.

Según Muñoz, el Ministerio Público debe instaurar investigaciones propias para esclarecer cada una de las muertes registradas en la acción, transcurrida en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río. Y también para esclarecer la planificación y las decisiones que llevaron a una operación que, en su opinión, fue un desastre. «La sucesión de operaciones letales que no resultan en una mayor seguridad para la población, sino que en realidad generan inseguridad, revela el fracaso de las políticas de Río de Janeiro», afirmó.

Para director de HRW, Río de Janeiro –la ciudad más turística de Brasil– necesita una nueva política de seguridad pública que deje de promover enfrentamientos que victimizan a residentes y policías. «En lugar de eso, debería involucrar a las propias comunidades y a otros actores sociales en la búsqueda de la paz, y basar el trabajo policial en datos precisos sobre la actividad delictiva, priorizando la investigación y la inteligencia», añadió.

Pedido de explicaciones

Según el Gobierno de Río, el objetivo de la operación es detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de la facción. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) envió cartas al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar exigiendo explicaciones sobre las circunstancias del operativo lanzado en la madrugada, informó Agencia Brasil.

Según dijo en un comunicado la presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), la operación transformó las favelas de Río «en un escenario de guerra y barbarie». Además, indicó que la comisión sigue con extrema preocupación la escalada de violencia provocada por la megaoperación. «Ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre”, afirmó.

«Nos enfrentamos a una operación letal sin precedentes. El Estado no puede seguir actuando como si existiera la pena de muerte, ni como si las favelas fueran territorio enemigo o escenario de un espectáculo», manifestó la parlamentaria. “Es grave que el gobernador Cláudio Castro insista en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirma haber respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el uso de la Fuerza Nacional”, cuestionó.

Monteiro también afirmó que Río de Janeiro necesita cooperación entre las esferas de gobierno, no disputas políticas. «La seguridad pública se logra mediante la planificación, la inteligencia y el respeto a la vida, no mediante la espectacularización de las masacres», añadió. La comisión reafirmó su compromiso con la vida y los derechos humanos, «exigiendo transparencia, rendición de cuentas e investigación rigurosa de todos los hechos”.

Del mismo modo, la Procuraduría Regional de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión enviaron una carta al gobernador bolsonarista Cláudio Castro, en la que le solicitan que proporcione información detallada sobre cómo se promovió el derecho a la seguridad pública en la operación policial.

El MPF pidió al gobernador explicar los fines de la operación, los costos involucrados y la prueba de la inexistencia de otro medio más económico para alcanzar el mismo fin. También quiere saber si se cumplieron las exigencias del Supremo Tribunal Federal (STF) descritas en la Demanda de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 635, más conocida como “ADPF de las Favelas”, que estableció parámetros para la elaboración del plan de reducción de la letalidad policial presentado por el Estado de Río de Janeiro a la justicia.

En concreto, el Ministerio Público solicita que el gobernador presente documentación de respaldo de que cumplió con la Corte Suprema en los siguientes puntos: definición previa del nivel apropiado de fuerza y justificación formal de la operación; actuaciones de los organismos forenses para realizar investigaciones periciales e identificar rastros de delito, uso de cámaras corporales y cámaras en vehículos; y la existencia y presentación al público de un informe detallado de la operación.