La reducción del gasto en jubilaciones y pensiones en lo que va de la gestión Milei representa el 25,3% del total de los recortes de la Administración Pública Nacional. De la aplicación de la motosierra sobre los haberes previsionales deriva gran parte del “superávit fiscal”.
En el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder de compra de las jubilaciones con bono se ubicó 13,1 por ciento por debajo del mismo período del año anterior, mientras las que no perciben bono quedaron un 4 por ciento atrasadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La licuación de los haberes es mayor porque el Gobierno mantiene congelado el bono compensatorio que desde marzo recibían el 70% de los jubilados: quedó fijado en $70.000 y se proyecta sostenerlo en ese valor durante el 2025. “Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, es decir, $65.140 más de lo actual”, detalla el documento.
La desigualdad, entonces, se refleja también al interior del mismo sistema ya que jubilación mínima sufre una caída real del 16,5 por ciento en relación a los haberes más altos de la escala.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei aseguró que “Las jubilaciones han crecido un 5%, en términos reales, por encima de la inflación” y que “en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados voló”. En la misma línea , el ministro de Economía Luis Caputo remarcó recientemente que desde diciembre hasta la actualidad «las jubilaciones sin bono subieron 158%».
Sin embargo, desde que asumieron, implementaron políticas de ajuste para las asignaciones de las personas mayores. Cuando durante los primeros meses de gestión la inflación crecía considerablemente, decidieron subas parciales y por única vez. Así, los haberes no resultaron beneficiados por la megadevaluación y la escalada de precios.
En abril, el aumento fue del 27,38 por ciento, que englobó el 12,5 de recomposición y 13,2 de la inflación de febrero. En mayo, del 11 por ciento, como resultado de la inflación de marzo. Y en junio, 8,8por ciento por la inflación de abril.
Luego aplicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 que modificó la ley de movilidad de los haberes jubilatorios: desde julio se actualizarían todos los meses de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un primer momento la iniciativa permitió compensar una parte de lo que habían perdido, pero actualmente con el índice a la baja y el bono sin actualizaciones la reparación quedó muy lejos.
La norma resuelve que los aumentos se calcularán cada mes según el último dato de inflación disponible, es decir con un rezago de dos meses respecto a la inflación vigente al momento de liquidar los haberes jubilatorios.
Con la nueva medida, que el Ejecutivo incluyó y busca aprobar dentro del Presupuesto 2025, el Gobierno quiere “reducir la litigiosidad” a costa de “dejar congeladas las jubilaciones en el piso histórico en el que hoy se encuentran, sin posibilidades de mejorar”, advierten desde CEPA.
En diciembre, por ejemplo, tendrán un incremento del 2,69 por ciento, de acuerdo con la variación que registró en octubre el IPC, cuestionado incluso por el propio titular del organismo de medición, Marcos Lavagna. El economista, a cargo del INDEC, considera que es necesaria una modificación de la medición que se utiliza hace 20 años y “no representa el costo de vida real en la actualidad”.
De no haber vetado la Ley 27.756 sancionada por el Congreso, el Ejecutivo podría haber sostenido una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones con la suba del 7,2 por ciento por única vez, el haber mínimo equivalente al 109 por ciento de la Canasta Básica Total de un adulto y la cláusula gatillo de marzo en caso de una recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. Con ese cálculo, en septiembre el incremento hubiera sido del 33,2 por ciento trimestral, muy superior al 13,4 que resultó del implementado por el último decreto.
Como admirador manifiesto de la década del 90´, el primer mandatario argentino pareciera pretender mejorar cifras de ese entonces: el inicio de su gestión marcó un rápido retroceso de los haberes, 3% por debajo del poder adquisitivo en el
promedio de los gobiernos de Carlos Saúl Menem, señalan desde CEPA.
La consolidación del esquema procura sostener la burbuja libertaria del superávit fiscal a costa del bolsillo de los jubilados.
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