Más ataques a las políticas de género

El gobierno porteño bajó de rango el área de Género destinada a la promoción de la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de la ciudad. Se trata de la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la vicejefatura de Gobierno, que estaba a cargo de Carolina Barone. Al mismo tiempo, el área destinada a la atención de mujeres víctimas de violencia de género quedó sin directora. Sumado a esto, dos Centros Integrales de la Mujer (CIM), que atienden a mujeres víctimas de violencia de género, fueron cerrados de un día para otro, dejando en un limbo no solo a las mujeres que se atienden en esos centros sino a las trabajadoras.

Desde fines de diciembre la Subsecretaría de la Mujer fue reducida al rango de Dirección General de la Mujer y Barone fue eyectada del área. Todavía no se sabe quién será la nueva directora ni qué funciones cumplirá el área, así como el destino de las trabajadoras que se desempeñan en ese espacio. Esto es un secreto a voces aunque consultados por Página/12, desde vicejefatura de gobierno no lo confirmaron; dijeron que el tema se está analizando.

Lo curioso es que esta subsecretaría había sido creada hace un año por este mismo gobierno, que dividió las funciones de lo que antes era la Dirección General de la Mujer. La atención de mujeres víctimas de violencia pasó a desarrollarse en la Dirección General de Abordaje Territorial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat y estaba a cargo de Lucía Soldani. Por otro lado, lo que antes era una gerencia de Fortalecimiento de Políticas de Igualdad de Género, se elevó a Subsecretaría de la Mujer y sumó la dirección de Autonomía Económica de la Mujer.

Al bajar de nivel la subsecretaría, le pidieron la renuncia también a Soldani, que respondía a Barone. Al mismo tiempo, los CIM más cercanos a Barone fueron cerrados. Se trata de el CIM Alicia Moreau, de la comuna 2, que era gestionado por el Gobierno de la Ciudad y el CIM Macacha Güemes, de la comuna 13, que gestionaba una ONG. El 28 de diciembre les avisaron a las trabajadoras que desde el 2 de enero cerrarían sus puertas, con el impacto que esto tiene en las mujeres que se atienden en esos centros, víctimas de violencia que reciben acompañamiento psicológico y jurídico.

En paralelo, se detuvo la apertura de un CIM que estaba por empezar a funcionar en el barrio 31.

Los CIM son espacios donde las mujeres pueden denunciar situaciones de violencia, recibir acompañamiento, orientación e incluso patrocinio jurídico. Su ampliación en los últimos años viene a dar respuesta a un reclamo del movimiento de mujeres y que pudo plasmarse en ley con el impulso de la primera movilización de Ni Una Menos del 3 de junio de 2015. La ley 5466, aprobada en 2015, obligó al Ejecutivo porteño a ampliar los CIM a por lo menos uno por comuna “hasta cumplimentar el máximo de 1 cada 50.000 mujeres por comuna”. Si bien el gobierno viene ampliando esta política, lo hace tercerizando sus obligaciones en organizaciones sociales, cuyo presupuesto es exiguo y su trabajo precarizado. Tanto es así que algunas organizaciones se negaron, años atrás, a seguir sosteniendo el convenio por las condiciones que se les imponía. Y en los centros gestionados por el propio gobierno, la precarización laboral y la rotación de profesionales también es habitual.

Por eso hay que pensar este movimiento en el marco de una deficiencia histórica en el presupuesto destinado a los CIM y a la prevención de la violencia de género, así como a la promoción de la igualdad de género. Es decir, no hay ni hubo decisión política de impulsar políticas de género desde que el macrismo gobierna en la ciudad. 

Mientras se le reclama al gobierno porteño la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención a las víctimas de violencia de género y de avanzar hacia políticas de mayor transversalidad e integralidad de la perspectiva de género, éste retrocede en la institucionalidad de las políticas de género.

En el organigrama, la Subsecretaría de la Mujer tiene dos carillas de responsabilidades primarias, sin embargo, los recursos para llevarlas adelante no estuvieron a la altura. Más bien parece haber sido una prebenda política y acabado el acuerdo, las políticas de género vuelven a su naufragio habitual.