Más políticas públicas para controlar embarazos

Según un informe del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), a América Latina y el Caribe el embarazo adolescente le cuesta –a las personas más el Estado– 15.300 millones de dólares por año, que equivale entre un 0,25% y un 3% del PBI de la región, que tiene la segunda mayor tasa de fecundidad adolescente del mundo. El documento se tituló «El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe». Reúne los resultados de estudios que UNFPA realizó entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

«Calculamos el precio del embarazo adolescente para ellas y sus familias, así como para los Estados (…) Queremos que realmente se visibilice que este tema puede convertirse en una oportunidad si se reduce», destaca Susana Sottoli, directora de la región. Esos 15.300 millones de dólares evidencian el costo del embarazo en adolescentes en 15 países de la región, calculado en las dimensiones de educación, participación laboral, ingresos, gastos en salud y las pérdidas fiscales. Las tres primeras están centradas en el impacto sobre las madres jóvenes y las dos últimas sobre el Estado.

El Estado paga un costo considerable por el embarazo en adolescentes, que es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, pero la gran mayoría de la carga financiera, «un alarmante 88,2 por ciento», la llevan las adolescentes de 10 a 19 años.

Sottoli enfatiza que «reducir el embarazo adolescente representa una política económica sólida, de inversión redituable». «Es un asunto de desarrollo, de bienestar y de igualdad. Cada dólar invertido en reducir el embarazo adolescente tiene un retorno a la inversión de unos 40 dólares», añade. Entre las estrategias que recomienda el UNFPA para combatirlo están garantizar el acceso informado a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, y crear leyes que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Con políticas públicas, hay países en la región «que han logrado una reducción notable del 40 % – 50 % (del embarazo adolescente) en lapsos de 3 a 4 años, porque han diseñado una estrategia que contiene elementos de sistemas de salud apropiados» para esta población, revela Sottoli. «La buena noticia es que se ha venido reduciendo la tasa de fecundidad en adolescentes, pero no al ritmo necesario para acabar con este fenómeno. Lo que está pasando en muchos casos es que simplemente no está este tema en el tope de las prioridades de política o de inversión», afirma.

Aún en tiempos «difíciles» como el actual, «tanto en términos de financiamiento como ideológicos, estamos convencidos que nuestro mandato está al centro del bienestar y el desarrollo de los países, y no nos cansamos en generar este tipo de evidencia», como el informe presentado. Al fin y al cabo, afirma Sottoli, se trata de «temas que debieran concitar el esfuerzo colectivo, porque, ¿quién quiere que muera una mujer en un parto? ¿Quién quiere que una chica de 10, 15, 14 años se quede embarazada, en muchos casos por una violación, en otros casos por desinformación, en otros casos por presión social?».

«Existe mucha desinformación y controversia acerca de términos como género, equidad de género, salud sexual y reproductiva. Nosotros, independientemente de las culturas ideológicas, creemos que invertir en las mujeres, en las niñas, proteger sus vidas, sus cuerpos, sus decisiones, es una buena política económica, es una buena política de desarrollo. Entonces, dejemos de lado las ideologías y centrémonos en cómo crear más riqueza y más oportunidades», concluye Sottoli.