La construcción del nuevo Puente Labruna en el norte de la Ciudad de Buenos Aires esconde un conflicto impensado: para la obra, el Gobierno porteño va a remover la histórica palestra nacional de andinismo ubicada en Núñez, dentro del predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), y los usuarios del muro de escalada vienen llevando adelante una campaña para intentar evitar la remoción. Ya se presentaron en la Justicia con una acción de amparo y este fin de semana realizaron una movilización advirtiendo que en el lugar no sólo se forman andinistas y escaladores «sino también fuerzas de seguridad y guías de montaña«. El GCBA ya anunció que construirá una nueva palestra en el Parque Olímpico, pero los usuarios sostienen que no tendrá las mismas características que la actual.
Los 17 metros de altura de rocas naturales que emulan una pared de montaña se dejan ver desde la Lugones. Son dos muros, uno pegado al otro, con 40 metros de ancho y más de cuatro décadas de historia. Inaugurada en el año 1982, allí se forman andinistas pero también se capacitan agentes responsables, por ejemplo, de realizar tareas de rescates en zonas de montaña. Ahora a la palestra parece quedarle poco tiempo de vida.
Y no es por una decisión deportiva. El muro de piedras quedó en medio del trazado de uno de los accesos del nuevo puente sobre la Lugones que el GCBA ya comenzó a construir entre el Monumental y el Parque de la Innovación en enero de este año, y su destino es la picota. Algo desapercibida pasó la noticia a mediados de febrero, cuando la Secretaría de Deportes porteña firmó un convenio con la Federación Argentina de Ski y Andinismo por el que se anunció «la construcción de un nuevo muro de escalada y el traslado de la palestra» al Parque Olímpico.
Para varios de los usuarios de la palestra, sin embargo, la noticia no cayó nada bien, por lo que encararon una campaña que este sábado derivó en una concurrida marcha desde la puerta del Cenard hasta Avenida del Libertador y Crisólogo Larralde, advirtiendo que a partir del 4 de octubre la palestra no podrá usarse más y que «nos están robando nuestro derecho a escalar, nuestro derecho a estudiar y a recibirnos como guías de montaña«.
La marcha fue encabezada por un grupo de escaladores autoconvocados, usuarios de la palestra, pero también contó con el apoyo de centros oficiales como el Centro Andino Buenos Aires, que participó de la movilización señalando que, pese a los intentos de dialogar con el GCBA, «la respuesta de las autoridades ha sido deficiente y no nos deja más recurso que la protesta para dejar en claro que el club, sus socios y la comunidad escaladora de la ciudad no vamos a abandonar la palestra».
Según pudo saber Página/12, el complejo de escalada está dentro de los límites del predio del Cenard, pero por una cuestión catastral pertenece a la administración porteña. Los usuarios incluso intentaron llevar su reclamo a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes nacional de Daniel Scioli, que se comprometió en un primer momento a terciar en el asunto, pero finalmente se excusó en que las tierras son de Ciudad. Desde Deportes del GCBA, a cargo hoy de Fabián Turnes, aseguran que ellos intervinieron entonces a modo de mediadores en la cuestión pese a no tener injerencia directa en la obra, que está a cargo del Ministerio de Infraestructura y de AUSA. Este diario se contactó con fuentes del Ministerio, pero derivaron la consulta a Deportes.
Allí sostienen que la intervención de la secretaría porteña se tradujo en el convenio firmado en febrero para «llevar la palestra al Parque Olímpico construyendo la misma en ese espacio y armando un centro de escalada deportiva en el parque, que es donde se determinó que vaya todo el alto rendimiento de la ciudad». Aunque reconocen que varios de los usuarios que usaban ese lugar del norte porteño «no estaban muy contentos con la mudanza«, indican que la primera parte de la obra en el parque de Villa Soldati ya está en marcha y que la remoción de la actual palestra no tiene marcha atrás: «La obra de AUSA tiene que tomar esas tierras«, sostienen.
Pero el descontento de los escaladores por la mudanza no es sólo por la distancia territorial entre la actual palestra y la futura, ubicadas en extremos opuestos de la ciudad, sino porque sostienen que la nueva construcción no tendrá la misma calidad que la pared de 1982, ya que «no cumple con las condiciones mínimas que nuestra palestra hoy en pie tiene, única en el mundo».
Entre otros puntos, aseguran que la nueva pared no tendría las «regletas» –agarres planos y pequeños en el muro para practicar el enganche de los dedos– ni las «fisuras» simuladas en la roca que permiten aprender a empotrar dedos, manos, pies y rodillas, así como el equipamiento de escalada. Sostienen que «tampoco se respetan los totales de metros escalables existentes ni los materiales con los que debería construirse: piedra natural y estructura hormigoneda». Este diario consultó a Deportes sobre la cuestión y aseguraron que el convenio con la federación prevé «reemplazar la existente por otra igual«.
En paralelo a las protestas, los escaladores presentaron un acción de amparo que actualmente se tramita en la Justicia. En mayo, el juez Darío Edgardo Reynoso dictó una medida precautelar para frenar provisoriamente la remoción de la palestra hasta que se conforme una mesa de audiencias entre las partes que finalmente comenzó a fines de ese mes y por la que todavía no hay resolución al pedido de cautelar.

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