Argentina solicitó a Loretta Prezka, jueza del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere el pedido al país sobre entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.
El especialista en el tema, Sebastián Maril, publicó la presentación en redes sociales y adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que la defensa nacional avance en una apelación de la medida.
A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El pedido, en el marco del proceso conocido como «discovery», aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave.
Algunos de los términos relevantes serían “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, «Banco Central», «ENARSA», «Banco Nación», entre otros, porque quieren recabar datos sobre las entidades para demostrar que funcionan como “alter ego” del Estado argentino.
De esta manera, podrían intentar trabar embargos que les permitan a los fondos buitres cobrar la sentencia contra la petrolera por 16.000 millones millones dólares, más los intereses diarios.
El escrito de los abogados de la Argentina fundamenta que de acuerdo con las leyes de Estados Unidos sólo se puede ordenar la producción de documentos siempre que se encuentren en “posesión, custodia o control” del requerido. El Estado argentino, en ese punto, no tiene poder ni control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Además, agregan como argumento que la legislación local tampoco habilita el acceso a elementos catalogados cómo de «propiedad inviolable» de sus titulares.
Otro de los puntos destacados de la defensa fue la segunda moción, donde reclama la baja de los pedidos de discovery sobre activos que no son susceptibles de ejecución «por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital».
El objetivo de los demandantes, Burford Capital, de origen inglés, y Eton Park, es rapiñar todo lo que se pueda. Para ello despliegan diferentes estrategias de presión con tal de negociar el máximo monto posible.
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