Pese a la postura argentina, la ONU ratificó la agenda de derechos de mujeres y niñas

A 30 años de la histórica Cuarta Cumbre de la Mujer, en Beijing, los países miembros de la ONU ratificaron este lunes el compromiso con la agenda de avance de los derechos de las mujeres y niñas, a pesar de los intentos de Argentina de trabar las negociaciones. Una vez más, en la era libertaria, Argentina fue la voz disonante y retrógrada como vocera de la ultraderecha internacional. La declaración se adoptó por consenso, sin votación nominal, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en el inicio de la 69° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), el principal organismo mundial dedicado a la igualdad de género.

El último día de la 69° sesión –el 21 de marzo– cada delegación oficial tendrá dos minutos para plantear sus reservas u observaciones. Se espera que en esa instancia, Argentina exprese su postura: la semana pasada, en las negociaciones, rechazó directamente que se use la palabra género, que se hable de “all women and girls” –todas las mujeres y niñas–, una fórmula acordada hace años en foros internacionales y que incluye la diversidad de mujeres y niñas, es decir, también aquellas trans; objetó el concepto de “paridad de género” como motor para la promoción del liderazgo de las mujeres. Además, se manifestó –como ya lo hizo en otras instancias internacionales en 2024– contra la mención del cambio climático y la Agenda 2030. Otros países que seguramente cuestionarán la declaración serán Paraguay, algunos africanos y EE.UU.

La sesión de la CSW de este año es particularmente significativa: marca los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, acordada en aquella Conferencia Mundial de la Mujer que se hizo en 1995 en la capital china y que estableció una hoja de ruta adelantada a su tiempo, que se proponía lograr la igualdad de derechos y el empoderamiento para las mujeres y niñas.

«Reafirmar la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, los documentos resultantes de la vigésimotercera sesión especial de la Asamblea General y las declaraciones de la Comisión sobre la Condición de la Mujer en el décimo, decimoquinto, vigésimo y vigésimoquinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y comprometerse con su implementación plena, efectiva y acelerada», dice en sus inicios el texto adoptado.

En realidad, la declaración aprobada es “bastante lavada” por la necesidad de sacar un texto de consenso y frente a las objeciones de países como Argentina, señalaron a este diario fuentes de la diplomacia internacional que siguieron de cerca las negociaciones de la última semana. Para muchas feministas que viajaron a Nueva York para la 69 CSW, el texto tiene gusto a poco.

“Pero hubiera sido un gran fracaso que no se consiguiera una declaración conjunta por el trigésimo aniversario de la cumbre de Beijing”, comentó una activista argentina. Entre los grandes ausentes están la salud sexual y reproductiva y la autonomía corporal. No se hace ninguna mención. Sí se ratifica el compromiso contra la violencia de género, la necesidad de invertir en políticas públicas para proteger a las víctimas, se incorpora la problemática de la violencia digital y el desigual reparto de tareas de cuidado y domésticas que recae mayoritariamente sobre las mujeres, como temas que los Estados deberían incluir en sus programas de gobierno, entre otros ejes. También habla de la importancia de los presupuestos con perspectiva de género. La declaración, de todas formas, no es vinculante.

“Es una declaración política. No es vinculante pero hace a la defensa y sostenimiento de la agenda de derechos de mujeres y niñas porque es un espacio de incidencia global”, explicó una diplomática a Página 12.

Argentina usó su posición de Estado miembro de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer –son 45 miembros, y entre ellos no está EE.UU.– para ser vocera de la ultraderecha conservadora.

“Quedó claro que Argentina le hizo los deberes a Trump”, indicó otra fuente. “Podrán decir que no es una gran utopía resistir. No obstante hoy es revolucionario lograrlo”, resumió a este diario una exfuncionaria del área de Cancillería conocedora de las negociaciones en la ONU.

Como adelantó Página 12, la delegación argentina la encabeza Ursula Basset, quien responde a Karina Milei. Basset habría quedado virtualmente a cargo del área de Derechos Humanos de Cancillería, según distintas fuentes consultadas por este diario, aunque no se conoció oficialmente su nombramiento. Basset es la abogada detrás de la profundización del giro reaccionario en la política exterior de Argentina, contraria a la Agenda 2030 de la ONU. La delegación llegó con 17 integrantes, muchas de ellas exhibiendo pañuelos celestes.

Paradójicamente, hace 30 años, cuando se hizo la Cumbre de la Mujer en Beijing, la delegación oficial en aquel momento –con Carlos Menem como presidente– se alineaba con la Santa Sede y los países musulmanes, los más retrógrados en términos de derechos para las mujeres. Por entonces, Argentina no aceptó el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, se manifestó en contra del aborto y también al uso del preservativo y del concepto de familias en plural.

Tres décadas después, ¿cuánto se ha avanzado en términos de derechos para las mujeres y niñas en el mundo?

La declaración adoptada este lunes destaca que ningún país cumplió con los compromisos asumidos en 1995.

De todas formas, hay datos puntuales que reflejan el impacto que ha tenido esta hoja de ruta. En 1994, cerca de 12 países tenían sanciones legales contra la «violencia doméstica» (en ese entonces se la nombraba así). Hoy, la base de datos mundial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de ONU Mujeres registra 1583 medidas legislativas repartidas en 193 países, entre las cuales se incluyen 354 que se centran específicamente en esa violencia. Se aprobaron leyes para garantizar el derecho al aborto: ya más de 80 países lo permiten a sola petición de la mujer. Apenas una muestra de una agenda enorme, con panoramas muy distintos en los diferentes países. Pero a contramano de esa tendencia, en Argentina el Gobierno eliminó la institucionalidad a nivel nacional para desarmar la desigualdad de género, niega la existencia de la violencia por razones de género, quiere eliminar la figura del femicidio, apoya un proyecto de ley que busca proteger a agresores de mujeres y niñeces y a pedófilos y dejó de comprar insumos para garantizar el aborto legal.