Los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo, autoridades religiosas de la diócesis católica de Quilmes (que incluye los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires), emitieron una declaración en la que expresan “su dolor por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez”, las jóvenes que fueron encontradas asesinadas.
En el mismo sentido se expresó la diócesis de San Justo señalando que «este episodio se suma a la larga lista de hechos de violencia y muerte que golpean a nuestros barrios desde hace tiempo”, comienza el escrito difundido.
Por su parte la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) emitió una carta pública sobre el mismo tema expresando su solidaridad con las familias y el reclamo de justicia “en un contexto de explotación, narcotráfico y abandono institucional”.
Los obispos de Quilmes “repudian todo hecho de violencia y muerte, hoy puesto de manifiesto en estas chicas, y desean expresar a las familias su cercanía y oración, en nombre de la comunidad diocesana”. Al tiempo se sumaron “al reclamo de justicia y al pedido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales acciones prontas y efectivas de cuidado y promoción de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables”.
Para el Equipo de Sacerdotes Barrios Populares y Villas de la Argentina (curas villeros) «el narcotráfico está despenalizado de hechos en nuestros barrios». Los curas afirman que «hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades y barriadas» y expresan su «gran preocupación» porque «las clases dirigentes miran hacia otro lugar muy lejano a las necesidades concretas de nuestro pueblo humilde». Señalan que «la urbanización delos barrios y la apertura de oportunidades es el camino frente a este flagelo» porque «la descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, sociedades de fomento y centros de salud son consecuencia de un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada para el crecimiento del narcotráfico».
Tissera y Redondo lamentan que “cerca del día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños (23 de septiembre), se tenga que despedir a estas jóvenes víctimas de muchos de estos flagelos”.
Al mismo tiempo recuerdan que el 26 de junio pasado la Conferencia Episcopal Argentina emitió una declaración en la que sostuvo que «si el Estado se corre, entra el narcotráfico» invitando a la ciudadanía a reforzar el compromiso de “cuidar y defender la vida”. En esa ocasión los obispos argentinos dijeron que “la droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos de tantos chicos y chicas que quedan atrapados en el circuito del consumo” y “esta realidad nos duele y nos interpela” y, por ese motivo, “¡no podemos naturalizarla!”.
Desde el obispado de San Justo se agrega ahora que somos “testigos de que grandes zonas han quedado liberadas a merced de mafias narcos a pequeña y gran escala que se infiltraron y terminaron dominando la vida y la conciencia de nuestra gente, especialmente de los chicos y jóvenes, instalando una verdadera cultura de delincuencia y criminalidad” y que existe una “constante ausencia del Estado en sus distintos niveles” que permite que “esta cultura de la destrucción y la muerte crezca y avance sin freno”.
La FAIE sostiene que “como iglesias, no podemos callar” ante el triple femicidio. Y agrega que “no podemos mirar hacia otro lado mientras las pibas desaparecen, sus cuerpos son descartados como basura, mientras los estados se desentienden de la realidad de la gente y las redes de ilegalidad se apropian de la vida de la gente, en clara complicidad con distintos niveles de la gestión pública”.
Por ese motivo, agrega el organismo que representa a las iglesias evangélicas, «en esta masacre como en tantos otros crímenes de género, narcos y violencia social hay instituciones del Estado que no funcionaron en la prevención como así tampoco en la tma de la denuncia y su búsqueda inmediata».
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